Ya tiene fecha la comparecencia de ex presidente Solís ante comisión que investiga posible penetración narco

El expresidente Luis Guillermo Solís, comparecerá el 21 de setiembre, de manera virtual, ante la comisión legislativa que investiga la posible penetración del narcotráfico en los cantones de la zona sur y los partidos políticos.

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Así lo definieron esta mañana los diputados que conforman este foro, creado luego de trascender la visita al Congreso de personas detenidas por supuesto tráfico de estupefacientes y de un diputado del sur al residencial de otro investigado por el mismo delito.

Específicamente al ex gobernante se le consultará por una denuncia que hizo Diario Extra sobre la supuesta promoción de un proyecto de vivienda que habrían gestionado las personas ligadas a actividades ilícitas que frecuentaban las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

Solís ha rechazado tajantemente que haya favorecido a individuos vinculados al narcotráfico.

“Rechazo de manera contundente esa insinuación. Es natural que todo presidente de la República, durante sus giras, visite proyectos de vivienda social y converse con centenares de dirigentes locales. Durante mi mandato acompañé las aspiraciones de un numeroso grupo de organizaciones y liderazgos comunales que durante muchos años habían tratado infructuosamente de obtener el apoyo necesario de las autoridades gubernamentales para sacar esos proyectos adelante. En ese mismo sentido, mi administración siempre buscó maneras lícitas de agilizar su conclusión cuando se atrasaban debido a la lentitud injustificada”, dijo Solís.

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Según ha trascendido, 13 diputados actuales y de legislaturas anteriores habrían tenido contacto con líderes de esta supuesta banda de las bancadas del PLN, PUSC, Restauración, Movimiento Libertario y Frente Amplio.

Los integrantes de la banda registraron más de 30 visitas a la Asamblea Legislativa entre el gobierno anterior y esta administración desde el 2015. El registro de ingreso del Congreso detalla reuniones en los despachos de los legisladores mencionados. El objetivo era promover proyectos de vivienda.

Los investigados habrían invertido al menos $20 millones (¢12.400 millones) en lujosos bienes en Escazú, Santa Bárbara, Alajuela y Limón.