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Veto a empleo público promete Rodrigo Chaves a sindicatos

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 22 febrero, 2022 08:20 pm

Rodrigo Chaves, candidato de Progreso Social. Archivo/La República
Rodrigo Chaves, candidato de Progreso Social. Archivo/La República


De llegar a la presidencia, Rodrigo Chaves, candidato de Progreso Social Democrático, estaría vetando la ley de empleo público.

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Al filo de esta tarde y durante una reunión con sindicatos del sector salud, Chaves se refirió a tal posibilidad.

La promesa de Chaves podría ser inviable en el caso de que este gobierno deje en vigencia la ley.

“Esta ley se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no la pensaron bien. Yo creo que esa ley no va a pasar y, si pasa, habría que vetarla, porque mi interés es renegociar con el FMI con medidas que tienen que ver con reducir la evasión, yo propuse el primer sistema digital de Hacienda para mejorar la evasión en Costa Rica; mejorar el sistema de exenciones, no a las zonas francas”, dijo Chaves.

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El político indicó que sí se requiere una ley de empleo público, ya que el Estado no puede seguir gastando el 50% de lo que recauda para pagar el salario y los incentivos del sector público.

“Usted me dice ‘¿estaría dispuesto a renegociar la ley de empleo público?’ No solo estoy dispuesto, yo creo que esto es la obligación de lo que vamos a tener que hacer, porque tampoco podemos seguir con el régimen de empleo público donde hay esas grandes diferencias; donde tenemos el 15% del empleo el sector público y gastamos el 50% del ingreso fiscal en salarios, eso no es sostenible", agregó Chaves.

La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

El proyecto de empleo público ya había sido votado en primer debate, pero los magistrados de la Sala IV lo declararon ilegal, por lo que los diputados volvieron a aprobar la iniciativa una vez más en diciembre.

En el sector público hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.


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