UPAD 2.0

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

El gobierno PAC resucitó a la UPAD. De forma majadera, testaruda y propia de regímenes autoritarios, insiste en espiar a los costarricenses, en buscar la manera de acceder a la información personal de la gente.

No le importó que la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa encontrara evidencias de que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos era ilegal e inconstitucional, y que los diputados le solicitáramos al Ministerio Público investigar a varios miembros del gabinete de Carlos Alvarado por su participación en esta agencia.

Tampoco le interesó que este caso figurara en el reporte anual sobre Derechos Humanos del gobierno estadounidense y que esta noticia le diera vuelta al mundo, resquebrajando la imagen internacional de la democracia y la institucionalidad costarricenses.

En su incesante deseo de manipular y controlar la información de todos nosotros, el Ejecutivo le dio poder a la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas, para recopilar datos mediante una instrucción emitida en el gobierno PAC de Luis Guillermo Solís.

La Directriz 102-MP, dada a conocer en abril de 2018, estableció que la información que se encuentre bajo el control o custodia de las empresas públicas del Estado, sus subsidiarias e instituciones autónomas, no podrá ser reservada o limitada. Es más, las entidades tienen la obligación de suministrarla.

Esta unidad es la hermana mayor de la UPAD, pues su modo de operar es similar a la que tenía la agencia de espionaje del gobierno para acceder a la información institucional y, en consecuencia, a la información de todos los costarricenses. Como ya lo ha denunciado Nueva República, estas parientes contienen el mismo ADN del PAC, es decir, las instrucciones genéticas de la cúpula de ese partido para el desarrollo de una estructura orientada al espionaje, al control, a la búsqueda de más poder. Es una transmisión hereditaria de Solís a Alvarado.

El mandatario, quien siempre dijo que los datos de la UPAD se recopilaron para diseñar políticas públicas, nunca demostró que el gobierno hubiera trabajado en esa dirección; jamás ofreció resultados, pruebas contundentes de que hablaba con la verdad.

Y ahora, la estrategia de sus abogados y los de sus escuderos es impedir a toda costa que se vea la información de los teléfonos y computadoras decomisados de Casa Presidencial, dejando claro que el gobierno no quiere que los costarricenses tengamos más evidencias del espionaje UPAD; es indudable que hay un interés para tratar de ocultar las verdaderas intenciones de esta unidad.

Esta conducta es grave y muy peligrosa para la democracia, como también lo es la desprotección que tenemos los ciudadanos en el área del resguardo de nuestra información personal. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) recibió el año pasado 236 denuncias, pero solo resolvió una; en el 2019, tramitó 237 casos, y únicamente resolvió cinco. Los congresistas también recomendamos investigar a su jerarca.

En medio de un enorme desempleo, del cierre diario de pymes y de la completa ausencia de medidas de reactivación, el gobierno tiene perdida la brújula. En lugar de persistir en espiar y controlar, Nueva República sostiene que el presidente debería insistir en sacar al país de la crisis que han ocasionado siete años de pésima administración PAC.