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Universidades públicas, Poder Judicial y municipios se autoregularán en materia de empleo público

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 22 octubre, 2021 04:00 pm

La ley ayudaría a evitar las disparidades. Archivo/La República.
La ley ayudaría a evitar las disparidades. Archivo/La República.


Para evitar una nueva ilegalidad en la ley de empleo público, las universidades estatales, el Poder Judicial, la Caja y los municipios se autoregularán en materia de empleo.

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Esto implica que ellos mismos definirán las pautas a seguir en cuanto a tope salarial, incentivos y procesos de calificación y despedido.

“El texto sugerido al Plenario, le brinda a las instituciones con autonomía Constitucional la salvaguarda para que sean ellas mismas las que apliquen lo dispuesto en la ley, pero no las excluye en su totalidad. De ser acogido por el plenario, el texto respeta y resguarda a las Universidades públicas, al Poder Judicial, a la Caja y a las municipalidades, pero ordena la materia de empleo público para lograr una mayor eficiencia en el gasto”, dijo Laura Guido, diputada del PAC.

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Dos meses y medio después de que la Sala IV declarara varias inconsistencias en el proyecto de empleo público, la iniciativa vuelve al plenario para ser votada otra vez en primer debate.

Los legisladores estudiaron el fallo del máximo tribunal -de 800 páginas – y eliminaron los elementos considerados ilegales.

Garantizar la autonomía y evitar una intromisión de poderes es lo que demandaron los magistrados a la Asamblea Legislativa.

El proyecto de empleo público incluye a toda la Administración Pública en una ley marco de empleo público, siempre y cuando observe rigurosamente los principios de separación de poderes y no vacíe de contenido los grados de autonomía que disfrutan varias instituciones, como las universidades, la Caja y las municipalidades.

La legisladora del PAC explicó que a partir de la base propuesta por la mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, el proyecto puede generar un ahorro al Estado de 0,77% del PIB por año, durante una década. Esto de acuerdo a las estimaciones de Pilar Garrido, ministra de Planificación.


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