Logo La República

Viernes, 27 de mayo de 2022



FORO DE LECTORES


Una sugerencia para financiar el pago total de la deuda pública en bonos de hacienda

Ricardo Trujillo gerencia@fibrotel.cr | Martes 03 mayo, 2022

Ricardo Trujillo

Ricardo Trujillo Molina

Máster en Ingeniería

Peso presupuestario de la deuda publica

La deuda pública del estado costarricense publicada por el ministerio de hacienda a esta fecha es del orden de los US$ 45,000,000,000.oo. En términos per cápita sería de US$ 9,000 dólares por habitante. Tiene razón don Albino Vargas cuando al explicarnos el estudio financiero de don Luis Paulino Vargas, concluye que solamente para el pago de intereses de esa exorbitante deuda, se utiliza el 50% del ingreso mensual proveniente de la recaudación de impuestos. La actual deuda pública es una cifra astronómica si se tratase de pagar con un solo impuesto de corto plazo, digamos por ejemplo a 10 años plazo, es decir a razón de US$ 900 por año, equivalentes a US$ 75 mensuales o 50 mil colones por mes. Sería el equivalente a pagar en un solo impuesto adicional a los ya existentes, el 20% del salario mínimo vigente durante 10 años. Sería un impuesto adicional tan oneroso que la población lo rechazaría de inmediato.

Consulta por internet La deuda pública en Costa Rica en 2021 fue de 37.111 millones de euros o de 43.891 millones de dólares, creció 545 millones desde 2020 cuando fue de 36.566 millones de euros o 41.766 millones de dólares.

https://www.larepublica.net/noticia/deuda-publica-5-millones-de-colones-por-cabeza

El problema financiero del estado se vuelve más crítico debido a que los compromisos de pago de esa deuda pública están ya definidos para los próximos años y los vencimientos para los próximos cuatro años han sido estimados en US$ 15 mil millones de dólares o su equivalente a casi 10 billones de colones. Eso quiere decir que el ministerio de hacienda está obligado a seguir captando recursos vía prestamos para hacerle frente a por lo menos el pago de intereses. Y esa búsqueda de préstamos con menor tasa de intereses, será la tarea más urgente para el gobierno que se inicia. Un convenio de largo plazo con el FMI sería la solución perfecta, un canje de deuda de corto plazo al 8% anual promedio por una de largo plazo al 1,5% anual promedio.

Pero ese acuerdo vendría a afectar a múltiples sectores financieros nacionales que ahora se ganan esos intereses, entre ellos los bancos nacionales y sus ahorristas, y los fondos de pensión de toda la clase trabajadora. Abrá oposición a un convenio de largo plazo con el fondo que ni nos quepa dudas. Nadie suelta billones de colones de ingreso anual garantizados por el estado de manera fácil y sin batalla alguna.

¿Porqué el estado tico llegó a endeudarse tanto?

Esta es la pregunta que todos deberíamos de hacernos para que la solución al pago de la deuda sea justa y democrática, es decir, que la deuda la paguen los que la crearon y los que se beneficiaron de ella. La deuda publica crece exponencialmente a partir de mediados del 2008, es decir, a partir de la crisis financiera mundial de ese año, durante la última administración Arias. Así lo muestran las graficas y los números. Pasamos de un nivel de US$ 12 mil millones de dólares al actual de US$ 45 mil millones en solo 14 años, durante tres administraciones, la Chinchilla, la Solís y la Alvarado.

Los ingresos estatales comenzaron a ser menores que los gastos de planilla presupuestarios. Los salarios estatales crecieron más rápidamente que las inversiones, el crecimiento económico y por ende, muy por encima del crecimiento del ingreso fiscal. Fue el comienzo del ciclo de la antropofagia fiscal, es decir, mayor aumento del gasto estatal, sin mayor crecimiento de las inversiones ni del sector productivo. Ante este faltante de ingresos, el estado tuvo que recurrir a más prestamos en colones a corto plazo y a una alta tasa de interés, sin tener que contar con aval legislativo por no ser préstamos al exterior. Pero en vez de abrir la economía permitiendo más inversiones extranjeras y de grandes capitales como pudo ser la industria del gas natural o la del petróleo o la eléctrica o la de infraestructura, más bien cerró esas puertas y comenzó el ciclo del descenso de las nuevas inversiones extranjeras con respecto al PIB. El crecimiento económico que hemos vivido desde el 2008 ha sido de corte keynesiano, basado en un fuerte gasto estatal en base a préstamos, pero con un reducido crecimiento basado en inversiones en el sector productivo, en el aumento del gasto privado y en el de la balanza de pagos de nuestro comercio internacional, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones.

El ciclo anterior llegó a su punto crítico con el aumento drástico en el desempleo que vivimos a causa de la política sanitaria estatal para combatir la pandemia. Millón y medio de desempleados dejaron de tributar indirectamente al perder súbitamente sus salarios. El ingreso estatal se redujo a su mínima expresión, pero rápidamente fue sustituido por endeudamiento vía préstamos.

¿Quiénes son los beneficiados con los altos intereses que se pagan por la deuda?

Esta pregunta se la viene haciendo el columnista Albino Vargas aduciendo que hay detrás de esos dineros una nueva casta de ricos en el país que de paso tampoco tributan. Se sorprendería al conocer que esos datos están publicados por el Ministerio de Hacienda, y una gran proporción de los propietarios de los bonos de deuda pública, son la clase trabajadora de costa rica, los cotizantes al régimen de pensiones y los bancos públicos que con esos altos intereses pagan mejores réditos a sus ahorrantes. También hay muchos financistas nacionales e internacionales que viven o están representados en el país y cuidan políticamente de sus inversiones en el estado y se aprovechan muy oportunamente de sus carencias fiscales y de su captación de recursos vía subastas mensuales. Si el estado entra en impago, el sector más perjudicado sería el de los pensionados, y luego el de los futuros pensionados y al final, todos los ahorros para la pensión de los asalariados costarricenses. Es por lo anterior que nadie desea que el estado llegue al punto del impago, y el convenio de largo plazo con el FMI se vuelve la única ultima alternativa aceptable por el momento. Por algo se lanzó la candidatura del actual presidente electo Rodrigo Chávez, y fue precisamente para asegurarnos ese próximo convenio de largo plazo con el FMI.

¿Existe otra alternativa de pago a la deuda pública que no sea con ayuda urgente del FMI? La respuesta es sí, mediante una gran apertura democratizadora del mercado financiero nacional.

Tenemos que partir del hecho de que cada habitante del país debemos y tenemos que pagar en futuros impuestos el monto de US$ 9,000, independientemente de las causas por las que nos han llevado a asumir obligatoriamente ese pago. Este será un tema de investigación económica para la posteridad.

Si todos quisiéramos beneficiarnos de manera democrática, es decir todos por igual, del pago de intereses de la deuda pública al que está obligado el Ministerio de Hacienda y con ello ayudar al estado a salir del actual déficit fiscal y de su cara deuda pública, se me ocurre proponer la emisión de un bono nominal por US $10,000 a emitirse a nombre de cada habitante del país, pero endosable de inmediato como instrumento financiero, pagadero trimestralmente en un plazo de 25 años, con una tasa de interés arriba de la que pagan los bonos del tesoro de los USA, canjeables y redimibles en la bolsa de valores nacional. De esa manera el estado podría diferir todo el vencimiento de corto plazo de la deuda a lo largo de un plazo de 25 años, con pagos anuales de solo US$ 400 por bono incluyendo intereses. Las obligaciones anuales para pago de la deuda se verían reducidas a sólo US$2 mil millones de dólares o el equivalente a C 1,3 billones de colones al tipo de cambio vigente, en vez de los C 5 billones que actualmente está obligado a pagar. El presupuesto de la república se reduciría en ese monto y el impacto en la economía seria espectacular.

Muchos habitantes bien asalariados o con fuertes ingresos podremos beneficiarnos de los intereses que nos pagaría el estado durante 25 años y además podríamos vender el bono a precio de mercado en caso de urgencia o extrema necesidad. Nos podría también servir mediante un simple endoso, para el pago de impuestos a futuro, con un procedimiento previamente establecido por hacienda. Muchas personas sin recurso alguno podrán ceder su derecho a cambio de una comisión a otro habitante que desea comprárselo. Un padre o madre de familia podrá comprar varios bonos de acuerdo al número de sus hijos y heredárselos en caso de fallecimiento o cedérselos para el financiamiento de su educación universitaria. Muchos inversionistas extranjeros radicando en el país y fuera, aprovecharan esta oportunidad para ganar mejores intereses que en bonos de los USA. Este proceso de compraventa de 5 millones de títulos fiscales no será de corto plazo, pero tampoco será superior a uno o dos años.

¿Impacto económico cuando se paguen los fondos de pensión y demás invertidos en bonos hacienda?

Esos bonos colocados en colones están ganando en promedio un 8% anual. Cuando venzan, serán pagados en su totalidad por hacienda, pero ya no serán requeridos a esa misma tasa, por lo que las operadoras de pensión se verán obligadas a buscar mercados de inversión de largo plazo, pero a menor tasa de interés como son los de la vivienda, producción nacional privada e infraestructura estatal. Todos ganaríamos ante la apertura de nuevas líneas y altos montos en nuevos créditos bancarios y de nuevas financieras a los que podrían asociarse las operadoras de pensión. En ultima instancia, tanto los fondos del FMI como los fondos del bono per cápita antes descritos, podrían ser instrumentos simultáneamente utilizables por el futuro gobierno.






© 2022 Republica Media Group todos los derechos reservados.