Una reforma inclusiva

Carlos Camacho ccamacho@grupocamacho.com | Martes 21 agosto, 2018

Una reforma inclusiva

La reforma fiscal que venimos gestionando como país, debe contar con una diversidad de características que le permitan solventar asuntos nacionales de una forma especialmente diversa, como diversas y crecientes son las necesidades que detectamos cada día, en consecuencia, de las situaciones internas, tanto como las resultantes del entorno económico mediato como inmediato a nuestra economía.

En primera instancia debemos entender que la reforma debe ser inclusiva, es decir, no puede dejar por fuera a nadie. Esto es incómodo de abordar, pues todos podemos estar de acuerdo en que la necesidad fiscal del país es preciso y urgente atenderla, pero si seguimos viendo cómodamente hacia afuera, es decir, como quien ve la reforma detrás de la ventana, esperando que esta sea su protección para no ser incluido en los sujetos afectos por la reforma, indudablemente estamos en una posición cómoda pero irresponsable.

Es incómodo estar sujeto a la imposición, eso es claro, tanto como que etimológicamente la sujeción es un acto impuesto por fuerza de ley, con consecuencia jurídica punitiva ante el incumplimiento. Por tanto, es evidente que no es un acto de buena voluntad, que este obedece a unas condiciones previas que el legislador pretende establecer que de cumplirse activan la obligación-hecho generador- de contribuir a unas tarifas que son fijadas en la norma legal.

Este principio de la imposición surge de la vida en sociedad, de la condición constitucional del deber de contribuir con las cargas públicas del Estado, que no debe tener excepciones otras que no sean las que surjan de la protección de los intereses mismos del Estado de tutelar, la condición subjetiva u objetiva pretendida, sin que medie otro motivo, tal como el de la comodidad en el enriquecimiento que se produce como resultado de que algunos tengamos que pagar las cuentas de aquellos que se mantienen en condición de no sujeción o exención o simple cumplimiento aparente, así como el descarado incumplimiento estridente.

Las exenciones son especialmente perniciosas en condiciones económicas análogas, ya que a la vez de recargar las obligaciones formales y materiales del agente económico sujeto, para que pague por aquel que no lo hizo, provocan una odiosa distorsión en el ámbito de la competitividad, dos sujetos que llevan a cabo una misma actividad, que por la escogencia de su sistema de cumplimiento, su nivel de incidencia en el cabildeo legislativo, su influencia significativa en la financiación de los partidos, su participación en las representaciones de las asambleas de los partidos políticos o cualquier otra condición distinta a la meramente relativa a su actividad, compite en condiciones de privilegio, por tanto, de desigualdad ante la ley, que hace que quien cumple sus obligaciones de manera plena, con el cumplimiento debido a su deber de solidaridad que sostiene las cargas públicas, sea menos competitivo que aquel que tuvo simplemente una mejor posición en el ajedrez de la política. Estas exenciones y no sujeciones deberían ser revisadas a nivel constitucional a fin de que se determine la correcta aplicación del principio de igualdad, vista esta en la condición de orden esencial y material, más allá de que legalmente son normas que cumplen con el principio de legalidad, lo que corresponde sopesar es si este principio es fundamentalmente más valioso que el de la solidaridad en la obligación de contribuir a las cargas públicas, ambos pasibles de fundamento constitucional.

Además, para que una reforma fiscal sea inclusiva debe censar a los sujetos de una manera concreta y no estadística. Toda actividad económica, comercial, civil, profesional, personal debe ser censada, debe tener correspondencia en un registro de contribuyentes construido con respecto a un levantamiento en el campo, que lleven a cabo las administraciones tributarias municipales, interesadas directas en su propio beneficio por razón de los impuestos de patente municipal y conociendo la precaria condición de los recursos humanos con que cuentan las municipalidades para llevar a cabo esta labor, la misma debe ser apoyada por los estudiantes universitarios en el cumplimiento de sus deberes de trabajo social o comunal, aspecto que hace viables las labores censales urgentes para erradicar la informalidad oculta en diversos lugares en los que simplemente de manera misteriosa ingresan y salen diariamente personas que se suponen laboran en dichos sitios, para a la vez formalizar los aspectos relativos a la seguridad social y la legitimidad de las actividades económicas.

Debe erradicarse la informalidad, pero debe hacerse entendiendo que hay diversas formas de esta, desde los disfraces de la formalidad del régimen simplificado, que no deja de sorprendernos como las manos ocultas de su poder siguen siendo grandes tentáculos con complicidad de la propia área de fiscalización de la Administración Tributaria, tanto como de los diversos proponentes de este régimen aun en el proyecto de reforma tributaria que se discute en la actualidad.

Un país donde se promueve la adhesión a la formalidad presunta, donde se generan exenciones sin fin ni control, donde se hacen más excepciones que reglas, está comprando su boleto más caro para un difícil viaje por la crisis económica, social y política, esto ha sido la antesala de los sistemas totalitarios de la izquierda trasnochada de América Latina, no podemos permitir que esta reforma fiscal no sea inclusiva, se debe vigilar en condición de ciudadanos responsables que nuestro país no caiga en manos de las maras de cuello blanco, esas que se pintan de corderos y se rasgan las vestiduras por la terrible condición de las finanzas públicas, pero siguen promoviendo la desigualdad en el deber de contribuir a las cargas públicas del Estado, estas maras representadas inclusive en ciertos sectores económicos dinámicos del país, en el Poder Ejecutivo, así como algunos diputados, son repudiables, no podemos dejarlos seguir tomando su mundillo de gollerías en favor de aquellos para con quienes tiene deudas de juego, si del juego de la política de baja altura, más bien rastrera que se evidencia en los múltiples textos —sustitutivos del sustitutivo anterior en un gran continuo— que han sido sometidos a la comisión. Hay que parar el baile y resolver de manera inclusiva, no legislando exclusivamente para estos grupos de presión, grupos de interés y diversidad de mafias manifiestas en las odiosas desigualdades que harán que los que terminen siendo obligados —los mismos de siempre por cierto— caigan en la desobediencia civil.

ccamacho@grupocamacho.com

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