Natalia Díaz

Natalia Díaz

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Viernes 21 Abril, 2017

Una maniobra equivocada

En este momento, estamos analizando, en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que reforma el régimen de pensiones del Poder Judicial, el cual pretende dar una estructura sana al mismo, ante la advertencia de estudios actuariales de años anteriores que auguran un futuro más que incierto y negativo para el régimen.
Para el análisis de este proyecto se conformó una comisión especial, de la cual poseo el cargo de la secretaría y se aprobó, por mandato del Plenario Legislativo, un procedimiento especial para acelerar el conocimiento del mismo, ante la urgencia de encontrar solución al problema financiero existente. Esta comisión ha trabajado desde el 12 de setiembre de 2016, apoyándose en consultas a expertos y escuchando en audiencia a los directamente involucrados como lo son la jerarquía del Poder Judicial y la representación de los gremios de este.
Actualmente estamos a la espera de un estudio actuarial, encargado a la Universidad de Costa Rica por el Poder Judicial, que es fundamental para acercarnos a una solución, luego de tener claro el panorama actual y venidero del régimen. La comisión ha sido paciente en la espera de dicho informe; sin embargo, las fechas de presentación han sido modificadas por parte del Poder Judicial ante la dificultad del estudio y la petición de detalles por parte de aquel. Lo que se ha logrado obtener por parte de la comisión, son tres productos de los ocho que conforman el estudio solicitado.
Como indiqué, el procedimiento especial aprobado, acelera el conocimiento y por ende, acorta los plazos establecidos para que la comisión emita su dictamen al Plenario. Por esta razón, en la comisión aprobamos que representantes de la Superintendencia de Pensiones nos acompañaran de manera técnica en la construcción de un avance en el texto del proyecto de ley, sirviéndonos además de las respuestas a las consultas efectuadas, las audiencias y principalmente, los tres productos del estudio actuarial. Este análisis se extendió por algunas semanas y dio como resultado un texto que seguirá siendo objeto de estudio y modificación cuando llegue el estudio actuarial completo.
Es importante aclarar que todos los proyectos de ley ingresan con un texto base, es decir, con una primera propuesta. Luego del análisis jurídico, económico, social, entre otros, puede modificarse poco a poco, hasta llegar a un texto maduro y bastante completo que podrá ser aprobado como ley de la República. Al proyecto de modificación al régimen de pensiones se le aplica este mismo procedimiento, por lo que resulta prácticamente imposible, que uno o un grupo de diputados por cuenta propia, acuerden con sectores afectados con el proyecto, que existirá un único texto invariable que se convierta en ley de la República.
El martes 18 de abril sucedió un evento —sin precedentes según he averiguado— como lo fue el realizar una sesión, en nombre de la comisión, sin la convocatoria ni la presencia de todos sus miembros, incluido el presidente y mi persona, que careció de todos los elementos básicos del proceso legislativo, para retroceder a un texto antiguo que es propuesto por algunos sectores del Poder Judicial, lo cual hace un flaco favor al intento serio de buscar una solución sana y viable a un régimen que está en una verdadera crisis, como lo es el régimen de pensiones del Poder Judicial. Si el régimen no se reforma de manera responsable, peligrarán las futuras pensiones de este Poder y, como es necesario pagar pensión a quien tiene derecho a recibirla, los fondos para hacerlo saldrán del presupuesto nacional de la República, es decir, del dinero de todos los costarricenses.
La gravedad de la situación del régimen se ha descrito de manera técnica pero, grosso modo, podemos afirmar que existe un faltante más que importante en este momento y que complica por mucho el enfrentar a los nuevos pensionados que seguirán adicionándose al régimen. Las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa son como las tomadas en un hogar: en muchas ocasiones no son populares, pero siempre van dirigidas a sanear la economía y la convivencia armónica de sus miembros. A este proyecto le falta un largo camino, busquemos entonces el acercamiento maduro y ecuánime para tomar las decisiones que mejor les convengan al Poder Judicial y al país.