Un gobierno competente en seguridad ciudadana

Reflexiones

Un gobierno competente en seguridad ciudadana

Mantener el orden y garantizar el ejercicio de las libertades civiles pareciera ser un tema relativamente sencillo en una sociedad sin ejército y pacífica como la costarricense. Sin embargo, el tema de la seguridad ciudadana y del mantenimiento de la paz social, no es tan sencillo como esto, sobre todo cuando vivimos en una época de grandes cambios globales, efectos migratorios y cada vez más violentos procesos de criminalidad, contrabando, corrupción y en general, crimen organizado. La seguridad ciudadana es un servicio de orden público que implica una compleja red institucional y que articula la forma de organización del Estado, el mantener un adecuado sistema legal que garantice justicia pronta y cumplida, que garantice el mantener en la cárcel a quienes han infringido la ley y sobre todo, evitar que los niveles de violencia y criminalidad no afecten de manera sistémica la reproducción del sistema económico y social; y la calidad de vida en el país.

Para una sociedad que no está acostumbrada a ver marines en las calles, personal policial con armas de alto poder o en general, elementos de control tecnológico público; puede resultar difícil comprender, las cada vez más modernas formas en que se cometen delitos y la necesidad de mantener resguardado el país ante las amenazas de las bandas de narcotráfico, los procesos de penetración de crimen organizado, el contrabando y todo tipo de delitos a la propiedad y a las personas. El problema del número de muertes violentas, de convertirse en una especie de epidemia, se genera un entorno que no aporta en materia de atracción de inversiones y desmotiva el turismo. Adicionalmente, la violencia genera más violencia en general, apuntalando una forma de hacer y resolver los conflictos que puede terminar siendo desgarradora para la sociedad. Procesos similares han vivido México, Guatemala, El Salvador entre otros países de la región. Esperar a que el problema se agrave y tome cauces de crisis, es lo peor, dado que una vez llegado al punto de desencuentro, es casi imposible revertir la tendencia y corregir la situación.

Lamentablemente, el país ha retrocedido en los últimos años en materia de seguridad ciudadana, las bandas del crimen organizado se han favorecido de un entorno fiscal y confiscatorio bastante laxo, se ha carecido de un compromiso fuerte de condena y de combate a la corrupción, tanto en el orden político, como en el entorno judicial. Así las cosas, estamos a punto de arriesgar el control de la policía y son cada vez más difíciles combatir las células del crimen en alguna barriadas o regiones del país. En muy poco tiempo, serán irreversible las condiciones de inseguridad. Es por eso que, sea cual sea el gobierno próximo, debe mejorar y asegurar una acción competente en materia de seguridad ciudadana. No se trata de una simple integración de policías, aspecto que técnicamente no resuelve el problema de la coordinación o de la penetración de las bandas organizadas a los distintos cuerpos policiacos. Tampoco se trata solamente de mano dura, siempre que no existan normas legales que impidan los delitos de corrupción, contrabando y uso del dinero ilícito; el crimen organizado seguirá imperando.

El país requiere una gran inversión en inteligencia policial, nuevos equipos y nuevas herramientas de combate al crimen organizado. Deben darse leyes que permitan un accionar claro en contra de los dineros generados a través del contrabando, del lavado de dinero y en general, de las actividades ilícitas, como el tráfico de órganos o de personas o las redes de prostitución. Debe existir un mayor control de nuestras fronteras y una gran inversión en soporte tecnológico, que favorezca una acción rápida y eficiente ante el narcotráfico, ante la violencia y sobre todo, ante los delitos de cuello blanco asociados. Un proceso educativo mayor a la ciudadanía, de tal manera que evite ser objeto o víctima ante las nuevas circunstancias asociadas con el conocimiento tecnológico. Un gobierno competente en seguridad ciudadana deberá darle una prioridad mayor al tema y convertirlo en un asunto de Estado.

Dr. Leiner Vargas Alfaro

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