UCCAEP y sindicatos solicitan a Carlos Alvarado congelar por un mes proyectos relacionados con el Fondo Monetario

Con el objetivo de abrir un espacio de diálogo que garantice el llegar a acuerdos políticos, los empresarios representados por la UCCAEP y varios sindicatos solicitaron ayer al presidente Carlos Alvarado frenar por un mes los proyectos relacionados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A través de una carta, el sector productivo, la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y varias cooperativas y colegios profesionales pidieron detener el debate legislativo de varias iniciativas, para evitar después ilegalidades.

Específicamente, los interesados se refirieron al proyecto de empleo público, el cual, pretende establecer un salario único para toda la administración pública.

La iniciativa en cuestión ya fue dictaminada por la comisión respectiva y es considera la reforma estructural más importante por el gobierno de Alvarado, ya que ahorraría en promedio unos ¢400 mil millones al año al Estado en remuneraciones.

“El país llegó a un punto de inflexión, en el cual se requiere implementar reformas precisas en un contexto económico adverso, no obstante, no podemos caer en la trampa de aprobar leyes o decretos que nunca se puedan aplicar, con vacíos legales o que tengan poca coherencia. La Ley de Empleo Público constituye un excelente ejemplo de esta situación, por eso nos hemos asesorado con especialistas y existen dudas razonables para considerar que este proyecto podría tener problemas de fondo, que harían que se apruebe una Ley que no nos lleve hacia donde el país requiere”, indica la carta que distribuyó la UCCAEP.

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Los firmantes criticaron los proyectos de reforma al empleo público, renta global, cobro de renta a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, así como el impuesto a las casas de lujo; es decir, toda la agenda de reforma estructural que propuso Alvarado al FMI para lograr un crédito ampliado por $1.750 millones, con el objetivo de mitigar el impacto del déficit y el peso de la deuda.

Para llegar a un acuerdo con el FMI, el gobierno tiene tiempo hasta mediados de año, de lo contrario, el organismo multilateral entendería que Costa Rica no está anuente a comprometerse en la ruta de la consolidación fiscal.

Ante este panorama, el país perdería confianza de los inversionistas, a la vez que se dispararía el déficit y el tipo de cambio. Otro efecto sería una economía desacelerada y más desempleo.

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Ante este panorama, la presidencia negó anoche la propuesta de sindicatos y el sector productivo.

“Todos los proyectos que son parte del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional urgen en su tramitación y son claves para asegurar la estabilidad en la economía nacional. Por tanto, su tramitación legislativa debe continuar. En la mayoría de ellos hay espacio suficiente -porque están empezando el periodo de tramitación- para hacer ajustes que se quieran”, dijo Agustín Castro, ministro de Comunicación.

En el caso del proyecto de ley de Empleo Público, se tramita desde el año 2019 y ha recibido una serie de ajustes importantes, y además aún hay espacio para introducir cambios por mociones, agregó el Gobierno.

“Por tanto, el Ejecutivo continuará con la tramitación de estos proyectos que son claves para la estabilidad económica, como lo señaló el Banco Interamericano de Desarrollo y también lo señaló el Banco Mundial”, dijo Castro.