Son pocos los que estarían de acuerdo con limitar los derechos de la población en general para beneficiar a un grupo pequeño de transportistas

Uber y la libertad de circulación

No hay duda que los taxistas, los porteadores y los autobuseros ya están presionando fuertemente al gobierno para que este no permita el establecimiento y operación de Uber en el país. Ven a sus negocios respectivos amenazados y van a usar todo tipo de argumento para evitar que entre a competir Uber con ellos.
Sin entrar a fondo en el pésimo servicio de transporte público que se ofrece, especialmente en la Meseta Central, y que deja al habitante desprotegido, los políticos que pudieran querer tomar cartas en el asunto deberían recordar que el Artículo 22 de la Constitución Política de Costa Rica y el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza que “toda persona tiene derecho a circular libremente” en el territorio nacional.
Si los ciudadanos deciden que quieren organizarse a través de sus teléfonos inteligentes y moverse por el territorio, el Ministerio de Transportes no tiene nada que hacer; el Ministerio de Hacienda sí podría meter mano para cobrar impuestos, porque hay dinero involucrado en las transacciones de Uber.
Es posible que algunos de los gremios —especialmente los taxistas o porteadores— puedan poner bloqueos de calles en protesta por la llegada del servicio nuevo. El gobierno ha sido muy condescendiente con estos operadores, permitiéndoles negar los derechos garantizados en el Artículo 22 de la Constitución a la población en general. Antes de ser acusado de cómplice del abuso de estos gremios, el gobierno debería estudiar tácticas usadas en otros países para remover bloqueos. Lo más lógico sería usar grúas para sacar los vehículos que bloquean; los daños correrían por cuenta del dueño.
Cuando ocurren los bloqueos, el gobierno finalmente accede a “negociar” o por lo menos “dialogar” y es seguro que habrá concesiones de los jerarcas. ¿Por qué? Los demás ciudadanos usan los canales normales y establecidos para buscar la “justicia.”
Hay entre los políticos los que hablan de limitar la libertad de algunos en beneficio de la población como un todo. La dicotomía “libertad-igualdad” es un tema permanente y algunos partidos políticos favorecen un lado más que otro, y está bien. Pero son pocos los que estarían de acuerdo con limitar los derechos de la población en general para beneficiar a un grupo pequeño de transportistas.
Ya opera Uber en Panamá y en general se reporta satisfacción entre los usuarios. Hay una que otra queja de que el proveedor del servicio no quiso entrar a un barrio peligroso en la noche, pero de todos es sabido que los taxistas, que por ley están obligados a ir al destino solicitado por el cliente, tiene la costumbre de negar un servicio si encuentran que no es conveniente. También opera con éxito en Bogotá y en la Ciudad de México. ¿Por qué no en Costa Rica?
Es más, es dudoso que requiera permiso del gobierno para operar en un país con tanta dedicación a la protección de los derechos humanos. ¡Adelante con Uber!

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com
 

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