¿Tercera será la vencida? Fiscalía busca levantar inmunidad de Rodrigo Chaves por financiamiento ilegal de campaña
Se investiga una supuesta creación de una estructura ilegal de financiamiento para la anterior contienda
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Varios días después de que la Asamblea Legislativa rechazara levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, la Fiscalía busca el respaldo de la Corte Plena para intentarlo una vez más.
En esta ocasión, el Ministerio Público desea llevar a juicio al mandatario por el supuesto delito de financiamiento ilegal de la campaña electoral del 2022, según dio a conocer hoy La Nación.
La supuesta creación de una estructura ilegal de financiamiento para la anterior contienda podría enfrentar a los responsables, incluido el presidente, a cumplir penas de cárcel de entre dos y seis años, según establece el Código Electoral en los artículos 275 y 276.
La investigación busca determinar si se incurrió en delitos que pudieran comprometer la transparencia del proceso electoral y el uso de recursos privados en la campaña de Chaves, ya sea de extranjeros o empresas.
“Ya perdieron 2-0, ¿qué quieren? Intentarlo una vez más para perder otra vez”, dijo Pilar Cisneros, diputada chavista y mano derecha del mandatario en el Congreso.
Para que se conozca la petición de la Fiscalía, se requiere, eso sí, que el Congreso nombre a los magistrados suplentes de la Sala IV, ya que Paul Rueda decidió abstenerse de conocer estos temas porque su hija publicó en redes sociales un comentario con una supuesta amenaza hacia el presidente, lo que derivó en su despido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Tercera al hilo
De prosperar la solicitud de la Fiscalía, sería la tercera ocasión en que el mandatario enfrenta un proceso de esta naturaleza. En las dos ocasiones anteriores, los diputados no lograron reunir los 38 votos necesarios para quitarle el beneficio a Chaves.
La inmunidad es un fuero que protege a los integrantes de los supremos poderes para que estos puedan ejercer su trabajo sin temor a enfrentar procesos penales o investigaciones.
En la primera ocasión, fue a pedido del Ministerio Público para proceder con una causa penal por el supuesto delito de concusión, el cual es una especie de corrupción. En este caso, el mandatario, según la Fiscalía, habría intervenido para que un asesor suyo recibiera $32 mil como parte de un contrato de comunicación por más de $400 mil. Los legisladores solo reunieron 34 votos en esa ocasión.
Por otra parte, esta semana, los congresistas votaron en contra de la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar la inmunidad del mandatario por una investigación de supuesta beligerancia política que agrupa 15 expedientes. El órgano electoral investiga declaraciones y el uso de recursos públicos para supuestamente favorecer a una candidata en las elecciones presidenciales. En este caso, solo se consiguieron 35 votos en el plenario.
