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Sábado, 2 de marzo de 2024



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Costa Rica seguirá en la lista negra de la Unión Europea por bastante tiempo, afirman expertos

Tecnología obsoleta y falta de convenios tributarios hacen imposible que Hacienda cobre renta mundial

Gravar las rentas pasivas requiere de nuevos sistemas informáticos y más personal

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Jueves 16 febrero, 2023


Ana Melissa Segura
“El país debe alcanzar una estructura legal para fiscalizar ingresos de extranjeros, ello no puede ser de otra forma más que reforzando el uso de la red de tratados de intercambio de información con otras naciones”, aseguró Ana Melissa Segura, abogada tributaria de Consortium Legal. Archivo/LA REPÚBLICA.


Si el Ministerio de Hacienda quiere que Costa Rica salga de la lista negra de los países no cooperantes tributarios de la Unión Europea (UE), deberá asumir el reto de transformar todos los sistemas informáticos obsoletos que tiene.

Lea más: Costa Rica entra a “lista negra” de la Unión Europea

Asimismo, tendrá que empezar a firmar convenios tributarios con otros países, de lo contrario, cualquier ley que se apruebe “será letra muerta”; es decir, inaplicable.

Lea más: Rodrigo Chaves califica de “negligente” al gobierno PAC por inclusión de Costa Rica en lista negra de la UE

Gravar las rentas pasivas extraterritoriales, como por ejemplo, los alquileres, intereses, dividendos y las inversiones -como certificados a plazo y fondos de inversión, entre otros- es la petición específica de la UE, quien reclama la aprobación de la renta mundial o territorial en Costa Rica.

“Las deficiencias en la tecnología en Hacienda son terribles y eso hace que no tenga el músculo para implementar y controlar un sistema de renta mundial como el que la Unión Europea plantea. En estos momentos, existen 35 sistemas de Hacienda que no se comunican entre sí y además no se han firmado tantos convenios internacionales tributarios para hacer un cruce eficiente de la información”, aseguró German Morales, experto tributario de Grand Thornton.

El país cuenta únicamente con cuatro convenios con España, México, Alemania y recientemente con Emiratos Árabes Unidos.

Para salir de la “lista negra”, el país requiere de una nueva ley y la administración del presidente Rodrigo Chaves se comprometió a presentarla en marzo con la esperanza de que se apruebe antes de octubre, cuando la UE realice una nueva revisión.

Sin embargo, ya está claro que Costa Rica se mantendrá en esa lista por mucho tiempo, ya que para recuperar la confianza de los inversionistas tendría que aprobar una ley en tiempo récord, modernizar los sistemas informáticos y firmar una considerable cantidad de tratados tributarios.

“El país debe alcanzar una estructura legal para fiscalizar ingresos de extranjeros, ello no puede ser de otra forma más que reforzando el uso de la red de tratados de intercambio de información como instrumentos para la creación de sinergias a nivel global que permitan identificar con mayor precisión aquellos espacios grises”, aseguró Ana Melissa Segura, abogada tributaria de Consortium Legal.

Una caída en las exportaciones, en la imagen del país para atraer inversión extranjera directa y un mayor costo para los empresarios que reciben remesas aquí de la Unión Europea, son las principales consecuencias que dejaría la entrada de Costa Rica a la lista negra por parte de la UE.

“La implementación de la renta mundial tendrá un camino largo en el Congreso para ser aprobado y es preocupante que en el futuro también quieran meterse con las Zonas Francas, lo que nos quitaría competitividad y podría generar una disminución de la inversión extranjera. Costa Rica cuenta con una renta del 30%, impuesto a los dividendos del 15% y una cargas sociales muy altas, por lo que, no es para nada un paraíso fiscal”, aseguró José Becerra, socio de Servicios Tributarios Moore – AGC Costa Rica.


Impacto


El hecho de que Costa Rica sea considerado una especie de paraíso fiscal por parte de la Unión Europea, tendrá un fuerte impacto en la imagen del país.
Estas son las consecuencias que señalan los expertos:

• Daño a la reputación
• Afectación a las exportaciones
• Menos inversión
• Más trabas burocráticas para las empresas
• Una mayor fiscalización de la UE a las empresas en suelo tico
• Pérdida de empleos





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