Siembran alternativa para avance legislativo
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Sábado 18 agosto, 2012
Grandes productores serían excluidos de exoneración de impuesto territorial
Siembran alternativa para avance legislativo
Negociaciones en el Congreso continúan este lunes
Favorecer únicamente a los pequeños y medianos productores con la exoneración del impuesto de bienes inmuebles, parece ser la única salida al conflicto que tiene paralizada la Asamblea Legislativa desde hace tres semanas.
Tras horas de negociación, los partidos políticos acordaron dejar por fuera a los grandes productores en el proyecto de ley que estudian.
Ahora, la manzana de la discordia es la definición de pequeño y mediano productor; por ende, a quién beneficiar.
Se barajan dos opciones, poner el límite a partir de aquellos que tengan un ingreso anual bruto por debajo de $75 mil, o cuyas fincas productivas no superen las mil hectáreas.
Otro punto que divide a los legisladores es el porcentaje de exoneración, pues las propuestas van desde un 50% hasta un 80%.
En ese sentido, la negociación a partir de este lunes en Cuesta de Moras es de vital importancia para sacar al Congreso del empantanamiento.
“Hasta ahora estamos viendo un ambiente adecuado para conversar sobre este tema, pues anteriormente la intransigencia evitó que conversáramos”, indicó Yolanda Acuña, jefa de fracción del PAC.
Los agricultores y el sector municipal se han enfrascado en una fuerte lucha en el Congreso por este proyecto de bienes
inmuebles.
Por un lado, los productores aducen que la plataforma de valores vigente no hace ninguna distinción sobre el uso del suelo en el cálculo de los impuestos.
Esto significa que un terreno dedicado a turismo o comercio, pagará los mismos impuestos que una finca dedicada al cultivo de papa, plátano o banano.
Por el otro, los representantes de los municipios alegan que una reducción de impuestos como la pretendida por los agricultores dejaría sin recursos a decenas de ayuntamientos, sobre todo a los ubicados fuera de la Gran Area Metropolitana.
Los dos sectores tienen férreos defensores en Cuesta de Moras, lo que ha hecho imposible llegar a un acuerdo hasta ahora sobre el proyecto.
La iniciativa ya fue atacada con decenas de mociones, sobre todo del PUSC, que exige dejar por fuera a los grandes productores.
Esta propuesta es respaldada por Karen Porras, de la Unión de Gobierno Locales, quien advierte la urgencia del sector de conservar los recursos que genera este tributo, necesario para que los ayuntamientos puedan operar.
“La idea es no perder el dinero que ya tenemos y que se tomen buenas decisiones, pues hay gobiernos locales que perderían hasta un 60% de sus ingresos si se aprueba la ley”, añade Porras.
Si se redujera el gravamen, compañías que hoy pagan hasta ¢22 millones en impuestos de bienes inmuebles cancelarían a los municipios tan solo ¢4 millones.
Por su parte, los agricultores consideran que el proyecto no debe hacer diferencia entre los productores, sin importar si son grandes empresas o no.
Esto, porque las grandes empresas ya pagan más impuestos en renta y que el objetivo de la iniciativa, es darle un empujón al sector.
“Cuando se aprobaron los acuerdos comerciales, no importó si éramos pequeños, medianos o grandes productores. Ahora, el gobierno debe apoyar al sector”, concluyó Guido Vargas de UpaNacional.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Siembran alternativa para avance legislativo
Negociaciones en el Congreso continúan este lunes
Favorecer únicamente a los pequeños y medianos productores con la exoneración del impuesto de bienes inmuebles, parece ser la única salida al conflicto que tiene paralizada la Asamblea Legislativa desde hace tres semanas.
Tras horas de negociación, los partidos políticos acordaron dejar por fuera a los grandes productores en el proyecto de ley que estudian.
Ahora, la manzana de la discordia es la definición de pequeño y mediano productor; por ende, a quién beneficiar.
Se barajan dos opciones, poner el límite a partir de aquellos que tengan un ingreso anual bruto por debajo de $75 mil, o cuyas fincas productivas no superen las mil hectáreas.
Otro punto que divide a los legisladores es el porcentaje de exoneración, pues las propuestas van desde un 50% hasta un 80%.
En ese sentido, la negociación a partir de este lunes en Cuesta de Moras es de vital importancia para sacar al Congreso del empantanamiento.
“Hasta ahora estamos viendo un ambiente adecuado para conversar sobre este tema, pues anteriormente la intransigencia evitó que conversáramos”, indicó Yolanda Acuña, jefa de fracción del PAC.
Los agricultores y el sector municipal se han enfrascado en una fuerte lucha en el Congreso por este proyecto de bienes
inmuebles.Por un lado, los productores aducen que la plataforma de valores vigente no hace ninguna distinción sobre el uso del suelo en el cálculo de los impuestos.
Esto significa que un terreno dedicado a turismo o comercio, pagará los mismos impuestos que una finca dedicada al cultivo de papa, plátano o banano.
Por el otro, los representantes de los municipios alegan que una reducción de impuestos como la pretendida por los agricultores dejaría sin recursos a decenas de ayuntamientos, sobre todo a los ubicados fuera de la Gran Area Metropolitana.
Los dos sectores tienen férreos defensores en Cuesta de Moras, lo que ha hecho imposible llegar a un acuerdo hasta ahora sobre el proyecto.
La iniciativa ya fue atacada con decenas de mociones, sobre todo del PUSC, que exige dejar por fuera a los grandes productores.
Esta propuesta es respaldada por Karen Porras, de la Unión de Gobierno Locales, quien advierte la urgencia del sector de conservar los recursos que genera este tributo, necesario para que los ayuntamientos puedan operar.
“La idea es no perder el dinero que ya tenemos y que se tomen buenas decisiones, pues hay gobiernos locales que perderían hasta un 60% de sus ingresos si se aprueba la ley”, añade Porras.
Si se redujera el gravamen, compañías que hoy pagan hasta ¢22 millones en impuestos de bienes inmuebles cancelarían a los municipios tan solo ¢4 millones.
Por su parte, los agricultores consideran que el proyecto no debe hacer diferencia entre los productores, sin importar si son grandes empresas o no.
Esto, porque las grandes empresas ya pagan más impuestos en renta y que el objetivo de la iniciativa, es darle un empujón al sector.
“Cuando se aprobaron los acuerdos comerciales, no importó si éramos pequeños, medianos o grandes productores. Ahora, el gobierno debe apoyar al sector”, concluyó Guido Vargas de UpaNacional.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net