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Demasiado complicada la propuesta
Sí a la reforma tributaria… pero no a esta
Todos contribuirían a reducir el déficit, salvo el Estado
El Gobierno dice que necesita más dinero, y que un gran aumento de los impuestos es la única manera de conseguirlo.
Pero es difícil entender la justificación de la reforma propuesta por el Gobierno de Laura Chinchilla, junto con su aliado, el Partido Acción Ciudadana.
Si el problema fuera el de una recesión económica, Costa Rica no necesitaría ninguna reforma. Una vez que se recupere la economía, los ingresos tributarios se incrementarán. Mientras tanto, el Gobierno puede pedir dinero prestado para pagar su déficit, sobre todo porque el costo del crédito pasa a ser bajo.
Si la administración y sus aliados quieren hacer cambios fundamentales en la relación entre el sector privado y el Estado, el plan propuesto hace solo la mitad del trabajo necesario.
La reforma propuesta incrementaría significativamente el tamaño del Estado, lo cual en sí mismo no es necesariamente algo malo. Muchos países tienen altos impuestos, que financian un gran aparato del sector público.
Pero en estos países, el sector estatal es eficiente. Las carreteras son modernas. El transporte público es rápido y barato. Los ciudadanos no el hampa son los dueños de las calles de las ciudades. Los enfermos no tienen que esperar semanas, ni hablar de meses, para consultar a un médico.
En cambio, no hay nada en la propuesta de reforma fiscal, que pudiera aumentar la productividad de un sector público, muchas de cuyas operaciones se caracterizan por la duplicación y la ineficiencia, y que tiene poca o ninguna obligación de rendir cuentas al público, al que supuestamente sirve.
Por último, no hay mucho uso de la invención de nuevos impuestos, cuando el Ministerio de Hacienda no puede cobrar adecuadamente los viejos, de manera eficiente y justa.
Uno de los mayores defectos del plan implica cambios en el impuesto al valor agregado, que afectará a la gran clase media, así como a los pobres, que tienden a gastar la mayor parte, si no la totalidad de sus ingresos, y que pagan esta carga en muchas de las compras.
Como resultado, la ampliación del impuesto al valor agregado, significa que los pobres tengan aún menos dinero.
Bajo el plan, los consumidores tendrían que pagar este tributo, al comprar una gran variedad de servicios desde los cines hasta los servicios turísticos, y desde las actividades deportivas hasta las funerarias.
La compra de alimentos básicos quedaría libre de impuestos.
Pero el plan propone gravar la construcción, a pesar de que la vivienda es también una necesidad básica, y a pesar de que el impuesto en este importante rubro sería un fuerte golpe a la economía nacional.
Los cambios en el impuesto al valor agregado además son otro ejemplo de una reforma, que trata de hacer demasiadas cosas a la vez.
Ampliar la base tributaria para incluir muchos servicios, generaría una gran cantidad de ingresos para el Estado.
En este caso, no hay razón para castigar dos veces al mismo tiempo a los contribuyentes especialmente si son pobres al aumentar la tasa del 13% al 14%.
Otro problema con el paquete tributario es que algunas de las propuestas son contradictorias, incluyendo un impuesto sobre la renta de las empresas, que operan en zonas francas.
Otorgar a esas empresas una exención de este tipo de impuesto puede ser desleal para las compañías locales.
Por otro lado, decenas de países ofrecen este incentivo, con el fin de atraer la inversión extranjera productiva.
Mientras hacen esto, Costa Rica sería menos atractivo para los inversionistas extranjeros, y habría menos empleos bien remunerados, si se eliminara el concepto de zona franca.
Además, está el problema de una reforma que propone introducir un gran número de complicados cambios en el sistema tributario.
Uno de ellos es el mecanismo que cobraría los beneficios de la venta de un activo, que en Costa Rica significa sobre todo los bienes raíces.
Otro concepto obligaría a los individuos a pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos en otro país, y traídos a Costa Rica.
No hay nada malo en principio, con cualquiera de estas ideas.
En la práctica, sin embargo, el Ministerio de Hacienda tiene poca capacidad para administrar los regímenes impositivos nuevos y complejos, en términos del número de auditores que tiene a su disposición, para evaluar todos esos casos.
Además, poco del personal del Ministerio cuenta con la capacitación necesaria para hacer frente a los asuntos que estarían planteados.
En el caso de un impuesto a la venta de un activo, habría argumentos constantes sobre la ganancia real obtenida de la transacción, incluidas las cuestiones de valoración e inflación.
En relación con un impuesto sobre los ingresos extranjeros, habrá constantes disputas relacionadas con complejos sistemas de impuestos en el exterior, sobre lo cual la mayoría del personal de Hacienda sabe poco o nada.

Por otro lado, es difícil entender por qué el Ministerio de Hacienda abarcaría tantas tareas nuevas, cuando ha fracasado durante muchos años en tratar efectivamente con varios problemas graves, ya existentes.
Una preocupación importante consiste en el contrabando de artículos, incluyendo cerveza, licor, tabaco y neumáticos, muchos de ellos comprados de forma legal en las zonas francas panameñas, y luego traídos ilegalmente en Costa Rica, donde se venden a través de una red de distribuidores informales.
El fenómeno del contrabando perjudica a los negocios legítimos locales, lo cual significa que ganan menos, y emplean a menos gente, de lo que lo harían si el gobierno atacara el problema.
También significa que Hacienda cada año pierda millones de dólares de ingresos.
Otra cuestión importante se refiere a la evasión, por decenas de miles de empresas de tamaño medio, y miles de operaciones de profesionales independientes, que pagan menos impuestos de lo que deberían, y que raramente son auditados.
Varios gobiernos han asegurado que van a ser más eficaces en la recaudación de impuestos.
Pero a pesar de estas garantías, los ingresos fiscales como porcentaje de la producción nacional han variado poco en los últimos años.
La otra cuestión fundamental en relación con la reforma fiscal es que la alianza entre el Gobierno y el PAC supone que solo los individuos privados y las empresas deben pagar el déficit del sector público.
En tanto, el Estado sigue funcionando, de forma que aparentemente no tiene ninguna obligación de gestionar los fondos públicos de manera responsable.
Este año, el gobierno planea gastar ¢20,3 billones (más de $10 millones).
Este es un significativo aumento —no menos de un 10% en tiempos de supuesta austeridad— en comparación con lo que el gobierno gastó en 2010, como porcentaje de la producción nacional, debido principalmente a un aumento de la nómina.
La idea de contratar más trabajadores en el sector público durante los tiempos económicos difíciles, es una manera fácil de reducir el desempleo en el corto plazo.
Pero la mayoría de las economías que lidian de manera justa y eficiente con el desempleo, lo hacen a través de una combinación de pagos de seguros a los trabajadores desempleados, y los contratos de obras públicas.
Estos beneficios son temporales.
Por el contrario, Costa Rica tiende a contratar más personal de planilla, lo cual significa que millones de contribuyentes tienen la obligación permanente de pagar a los burócratas, muchos de los cuales posiblemente no están haciendo nada productivo, pero que para efectos prácticos, cuentan con un trabajo de por vida.
Costa Rica podría beneficiarse con una reforma fiscal bien estructurada.
Sin cambios significativos, lamentablemente esta no lo es.
 
Fred Blaser
Co Presidente
República Media Group



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