Seguridad ciudadana para 2018-2022

Seguridad ciudadana para 2018-2022

Impulsada por el narcotráfico la inseguridad de los ciudadanos ha venido agigantándose.

2017 fue el año con mayor cantidad —y probablemente proporción— de homicidios dolosos de nuestra historia, y me temo que también en cuanto a otros delitos violentos contra la integridad y la propiedad de los habitantes de la República, lo que se aclarará cuando se cuente con la información respectiva.

Durante la década de 1980 la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes se mantuvo entre 3,5 y 4,4 terminando en 1989 en 3,9. Esa era una tasa baja similar a las de Europa, Asia y Oceanía. Pero ya en la última década de ese siglo se pasa de 4,6 en 1990 a 6,4 en 1999. Ese último año se revirtió la tendencia e inicia un leve descenso de los homicidios para llegar a 6,3 en 2002.

En ese momento, aún estábamos en un nivel cercano al promedio mundial de incidencia de homicidios, pero ya para 2008, solo seis años después, la situación había cambiado tan drásticamente que nos hallábamos con 11,6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. ¡Esta tasa creció más de un 84% en solo seis años!

Esa tasa subió hasta 12,4 en 2010, pero cayó en 2011, 2012 y 2013 para situarse en ese último año en 8,7. Desdichadamente luego ha vuelto a ascender en 2014 a 10, en 2015 a 11,4 y en 2016 a 11,8. Ahora, repito, en 2017 tuvimos el más alto número de la historia y probablemente también su mayor tasa en relación a la población.

En este periodo a partir del 2000 con tan escalofriante aumento de la criminalidad la tasa de encarcelamientos entre nosotros ha crecido exponencialmente, al contrario de lo que algunos afirman sin fundamento. En los dos periodos de disminución de la tasa de homicidios aumentó también la cantidad de policía preventiva.

El International Centre for Prison Studies de Kings College de Londres recopila y analiza información de la situación de encarcelamiento en el mundo.

Allí podemos ver que del año 2000 a 2015 el número total de prisioneros creció un 20% mientras la población mundial aumentó un 18%. Pero hay grandes diferencias regionales. En América el crecimiento del encarcelamiento en estos 15 años fue el doble, un 40%, y en Centroamérica el cuádruple, un 80%. Pero en Costa Rica fue mucho mayor, 130%: casi siete veces la tasa de crecimiento de la población recluida en el mundo.

Los datos de esta institución nos señalan que mientras en el año 2000 había en las cárceles costarricenses 177 presos por cada 100 mil habitantes (tasa de encarcelamiento), en 2015 estábamos en 352, casi duplicándose la proporción de la población en las cárceles. Ese desmedido aumento de la proporción de habitantes en nuestro sistema penitenciario debe compararse con una tasa de encarcelamiento promedio en el mundo de solo 144 en 2015 (solo un 40% de la nuestra). Mientras en el año 2000 había en América Latina y el Caribe 23 naciones con tasas de encarcelamiento mayores a la nuestra, ya en 2015 solo hay 12, la mayoría de ellas en el Caribe con una larga tradición de pena de muerte y encarcelamiento.

Evidentemente seguir aumentando el encarcelamiento no es la solución.

Mientras en Mesoamérica la inseguridad se ha desencadenado, en el mundo desarrollado el crimen ha disminuido rápidamente desde 1990. En Estados Unidos ha caído una tercera parte (en Nueva York dos terceras partes); en los países ricos del G7 a partir de 1995 el robo y los hurtos han disminuido en un 20%, los homicidios en una tercera parte y el robo de vehículos en un 55%. En 2017 Nueva York hasta el 26 de diciembre solo había habido 286 homicidios, comparado con 2.245 en 1990. Es decir ahora Nueva York tiene menos de la mitad de homicidios que Costa Rica, con casi el doble de los habitantes.

TheEconomist del 20 de julio de 2013 constataba que incluso en países en los cuales ha disminuido la proporción de personas encarceladas disminuye la delincuencia y concluía que "mejor policía es una mejor explicación que prisiones más grandes: la posibilidad de ser capturado sin duda impide la delincuencia".

La experiencia local, así como la de los países desarrollados, nos hace ver la ventaja de más policía, mejor preparada y equipada, amistosa con los vecinos y desplegada en los barrios y zonas con mayor delincuencia. Esas son acciones que debemos continuar y mejorar.

Además, una buena reinserción en la sociedad de quienes terminan de cumplir sus penas, es de gran importancia para cumplir con la obligación de procurar condiciones para que todas las personas puedan desarrollar adecuadamente sus potencialidades, y es conveniente esa preparación de la persona privada de libertad para su vida al terminar la condena, porque por ese medio se disminuye la criminalidad y mejora la seguridad del resto de los ciudadanos. Es, pues, este un tema importante desde el punto de vista de seguridad pública. Los privados de libertad abandonarán un día la prisión y su conducta afectará la seguridad de los habitantes.

Para ello es conveniente —según resultados estadísticos— identificar y focalizar los programas de rehabilitación en las personas con mayores riesgos de volver a delinquir, según su historia criminal, sus posibilidades de empleo y sus relaciones familiares. Y dedicar esfuerzos a mejorar sus habilidades cognitivas y de socialización en la cárcel, pero también darles apoyo y seguimiento al abandonar la prisión.

La tarea no es ni fácil ni barata. Pero es necesaria y da grandes réditos.

Para mejorar la seguridad ciudadana no es respuesta solo criticar y proponer aumentar las penas. Muy poco se logra si no se cuenta con la policía capaz de evitar los delitos, y si no hay una buena política de rehabilitación para evitar la reincidencia de quienes terminan sus penas de prisión.