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Miércoles, 16 de octubre de 2019



NACIONALES


Si no hay plan fiscal, habría menos empleo y aumento en tasas, según empresarios

Sector productivo califica de “atentado” defensa de pluses salariales

Legisladores deben continuar con nuevos impuestos, sin importar objeciones de la Corte

Esteban Arrieta [email protected] | Jueves 18 octubre, 2018

Elías Soley
“Es alarmante que los magistrados decidieran enviar un mensaje inoportuno, complementado por algunos con discursos alejados de la técnica jurídica”, dijo Elías Soley, presidente de AmCham. Archivo/La República.


El país quedaría al borde del abismo, con tasas de interés para préstamos y tarjetas elevadas y con una economía contraída sin oportunidades laborales, si no se aprueba el plan fiscal.

Es por ello que el sector productivo cerró ayer filas a favor del gobierno de Carlos Alvarado y su intención de aprobar nuevos impuestos.

Al mismo tiempo, calificaron de “atentado” la resolución del Poder Judicial, que prohibiría el recorte de los pluses salariales que hoy disfrutan los empleados públicos, incluyendo los magistrados y otros funcionarios de la Corte.

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La aprobación del plan fiscal en segundo debate, debe continuar sin importar las objeciones del Poder Judicial, de acuerdo con los empresarios.

Y es que pareciera que la Corte Plena está más interesada en defender sus propios beneficios, que en el bienestar del país, dijo Hubert Arias, presidente de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación.

Si el país no resuelve el déficit fiscal, también se mandaría una mala señal a las calificadoras de riesgo y Costa Rica perdería atractivo como destino de inversión, agregó Elías Soley, presidente de AmCham.

La molestia de los empresarios se debe a que el Poder Judicial consideró como ilegítimo un capítulo del plan fiscal, que restringiría varios pluses salariales como la dedicación exclusiva, la disponibilidad y la anualidad .

Lea más: ¿Volverá la Sala IV a traerse abajo los nuevos impuestos?

En el caso de este último incentivo, se trata de un incremento anual porcentual que reciben los empleados públicos solo por laborar un año más y que se ha convertido en una bola de nieve que ha generado disparidades salariales de hasta ¢3 millones mensuales, para puestos profesionales con un mismo perfil.

Los magistrados se opusieron a la revisión de este y otros incentivos, al señalar que el proyecto violenta el principio de separación de poderes, tal y como alegó Fernando Cruz, presidente de la Corte.

Asimismo, consideran que el plan fiscal afectaría el funcionamiento y ordenamiento del Poder Judicial y por ello, solo debe aprobarse con 38 votos en el Parlamento.

No obstante, esto último sería incompatible legalmente con la vía rápida utilizada por los legisladores para discutir el plan, ya que el 208 bis es exclusivo de proyectos que requieren 29 votos.


Críticas severas


El sector productivo cerró filas a favor del gobierno y cuestionó severamente a los magistrados.

Hubert Arias

Presidente
Camtic

Expresamos nuestra preocupación con lo sucedido ayer.
El mensaje no es digno de una Corte Plena, que parece más interesada en defender sus propios beneficios que en el bienestar del país.
Esperábamos otro tipo de respuesta ante la situación que vive el país.

Gonzalo Delgado

Presidente
UCCAEP

A partir de hoy, toda la responsabilidad de lo que suceda en Costa Rica en torno a la crisis fiscal, será de los señores magistrados, pues este era un momento único e histórico para tomar una decisión por el país y para el país.
Todo parece que pesaron mucho más los privilegios que ostentan algunos dentro del Poder Judicial y no la situación económica que enfrentan los costarricenses, quienes son al final los que sentirán las consecuencias.

Yolanda Fernández

Presidenta
Cámara de Comercio

Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica lamentamos el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, e instamos a los diputados a que responsablemente aprueben este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, con mayoría calificada.
Es fundamental evitar que el país caiga en una crisis de grandes proporciones, con especial impacto en el desempleo.
Reiteramos la necesidad de aprobar reformas que integren una reducción urgente del Estado.

Maurizio Musmanni

Presidente
Cacia

En esta ocasión, un proyecto de ley de reforma fiscal está nuevamente cayendo en total incertidumbre debido a que quienes son parte de su cadena de validación, son juez y parte interesada.
Lo que vimos de la Corte, es a un grupo de funcionarios defendiendo sus intereses particulares.
Es inadmisible que dicha postura se convierta en una coerción hacia la Asamblea Legislativa y que genere un debilitamiento de las propuestas de reducción del gasto público.

Elías Soley

Presidente
AmCham

Hemos llegado a un punto en que la incapacidad para aprobar el plan fiscal dejó de ser un asunto local y se proyecta inconvenientemente a nivel internacional, colocando a Costa Rica en un contexto muy difícil frente a las calificadoras de riesgo, acceso a créditos, atracción de inversiones y en el proceso de adhesión a la OCDE.
Es alarmante que los magistrados decidieran enviar un mensaje inoportuno, complementado por algunos con discursos alejados de la técnica jurídica.

José Manuel Quirce

Presidente
Crecex

La decisión de la Corte es lamentable ya que está condicionando la administración de justicia y aplicación del derecho a remuneraciones salariales, y esto es inaceptable.
El fallo evidencia que los intereses del Poder Judicial están por encima de los intereses del país y de sacar a Costa Rica de esta crisis fiscal.
De no aprobarse el plan fiscal, el futuro del país se vería muy comprometido y el sector productivo entraría en un desequilibrio económico, afectando el empleo.

Laura Bonilla

Presidenta
Cadexco

Esperamos que el Congreso asuma una posición oportuna para agilizar la aprobación de este proyecto. Está en manos de los legisladores si deciden implementar las observaciones de los magistrados o conseguir los 38 votos.
Consideramos urgente emitir mensajes positivos, especialmente para las calificadoras de riesgo como muestra de que avanzamos en el saneamiento de las finanzas, por lo que todos los poderes del país deben priorizar por trabajar en la reducción de gastos.


La manzana de la discordia


Una serie de cambios en las condiciones del empleo del sector público y que afectarían a los empleados judiciales y magistrados, ha generado una división nacional.

-Se elimina la modalidad de pago bisemanal que otorga más salarios al año

-La cesantía quedará en ocho años, en vez de los 20 que estipulan algunas convenciones colectivas

-No se reconocerán puntos por carrera profesional cuando el gobierno o la institución pública pague la capacitación

-Ya no procederá el pago doble por concepto de discrecionalidad y confidencialidad

-Se elimina pago doble de incentivo por prohibición y dedicación exclusiva

-La dedicación exclusiva se ubicará entre 10% y 25% y se limitará a solo cinco años

-La anualidad será un monto fijo y no un porcentaje adicional de hasta 7% por cada año laborado

Fuente: Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas


El problema


La deuda del país superaría los $30 mil millones al terminar el año, lo cual refleja la importancia de recortar el gasto (cifras de deuda en porcentaje sobre el PIB).

Año Deuda
2019 59*
2018 53*
2017 49
2016 45
2015 41

Fuente: Ministerio de Hacienda
*Proyecciones


Problema actual, problema a futuro


Un 45% de los burócratas del gobierno central tiene menos de 40 años, por lo que si no se busca un mecanismo que frene las anualidades, este incentivo seguirá siendo un problema para el Estado a futuro, ya que un porcentaje importante de burócratas sumarían más de 20 años de ese plus (cifra de funcionarios en porcentaje).

Rango de edad Funcionarios
20-24 2,4
25-29 10
30-34 16
35-39 16,4
40-44 13,1
45-49 13,5
50-54 14,1
55-59 10,2
60-64 3,8
65+ 0,6

Fuente: Fuente: Contraloría General de la República


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