La decisión del gobierno de Laura Fernández de declarar como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad abrió un nuevo frente de batalla con la oposición.
Representantes del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Unidad y Agenda Ciudadana no solo cuestionan la posibilidad de que la medida pueda limitar la fiscalización de contratos públicos, sino que también sirva para implementar tecnología de espionaje contra civiles.
Juan Carlos Hidalgo, excandidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), advirtió que el Gobierno podría estar interesado en adquirir un “poderoso software espía israelí” que, según afirmó, podría utilizarse para vigilar a periodistas, empresarios y opositores políticos.
“El Gobierno está muy interesado en obtener la licencia de un poderoso software espía israelí que ya ha sido utilizado por gobiernos en la región a los cuales el chavismo admira muchísimo, como El Salvador. Este software ha sido utilizado en esos países para espiar periodistas, empresarios, enemigos políticos del Gobierno”, dijo Hidalgo.
El político señaló que este tipo de tecnología tiene un costo elevado y, por ello, su eventual adquisición podría ser identificable en el presupuesto nacional, “a menos, por supuesto, que sea secreto de Estado”.
“Bajo este amplísimo decreto, no solo el Gobierno podría adquirir esta tecnología sin ningún tipo de control, sino que estaría prohibido que un medio de comunicación reporte si existiera evidencia de que se está utilizando contra figuras de la sociedad civil”, agregó Hidalgo.
Anteriormente, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, había revelado el interés del Gobierno en adquirir tecnología utilizada por el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, para combatir el contrabando y la evasión fiscal.
Mientras tanto, Sigrid Segura, diputada del Frente Amplio, cuestionó que la declaratoria de secreto de Estado pueda alcanzar información relacionada con contrataciones públicas.
Para la legisladora, este tipo de contratos debe mantenerse sujeto a mecanismos de transparencia y fiscalización.
“En el contexto de crisis de seguridad en el que se encuentra Costa Rica, podría parecer normal; sin embargo, en este decreto se aprovecha de la crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica para ampliar el secreto a otras informaciones que no deberían ser secreto de Estado, como son los contratos y las adjudicaciones. No vamos a permitir que eso suceda, vamos a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que quieren tapar o qué es lo que están tapando para identificar mejores acciones para el combate de la corrupción y el crimen organizado”, dijo Segura.
En esa misma línea, Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, advirtió que la amplitud del decreto podría generar riesgos de abuso de poder.
“Este secreto de Estado no solamente cobija cosas que son legítimas, es tan amplio que puede cobijar corrupción, puede cobijar discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, fondos públicos que son de los costarricenses, o puede cobijar también abusos de poder, como crear una policía política”, sostuvo la diputada.
Gobierno defiende decreto
La presidenta Laura Fernández rechazó que la declaratoria tenga como objetivo limitar el acceso a información pública o facilitar abusos de poder.
La mandataria aseguró que el decreto busca proteger únicamente aquella información cuya divulgación pueda poner en riesgo la seguridad nacional y las operaciones contra el crimen organizado.
“La información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre. Cualquier dato de información relacionada con la seguridad va a seguir siendo de acceso libre. Ahora bien, lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, qué tipo de armas tienen nuestros policías, cuáles son los horarios de los patrullajes, dónde van a ser los próximos decomisos de drogas, cómo están los operativos policiales”, explicó Fernández.
“Ese decreto lo que hace es blindar las acciones de defensa nacional, para que precisamente el Gobierno esté bien protegido y lo que vamos a hacer y estamos haciendo no caiga en manos de los delincuentes. Así que reitero, la información pública de relevancia nacional sobre la seguridad lo seguirá siendo, pero será secreto de Estado todo aquello que pueda ser peligroso que los delincuentes conozcan”, agregó.
El decreto fue publicado el lunes anterior en el diario oficial La Gaceta y establece el carácter reservado de determinada información relacionada con la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.
