Seamos valientes y construyamos justicia y bienestar

Es indispensable crecer más aceleradamente no solo para poder resolver la urgencia fiscal, sino también atender los serios problemas que vivimos: la pobreza disminuye muy lentamente; la desigualdad, el desempleo y la informalidad han aumentado; se sabe que las pensiones de IVM y los regímenes de salud están en riesgo por la falta de acción ante el envejecimiento de la población, la educación no es pertinente, la infraestructura colapsó, la energía es muy cara, la seguridad ciudadana está seriamente deteriorada, los servicios públicos son ineficientes, las regulaciones estatales son engorrosas y somos vulnerables ante el cambio climático.

El sector financiero es uno de los varios en que estamos en deuda con las reformas estructurales necesarias para acelerar el crecimiento y poder cumplir con las demandas de la justicia social.

El FMI publicó en enero de 2016 un Índice de Desarrollo Financiero con Amplia Base que analiza instituciones financieras. Esa comparación internacional entre 183 países nos coloca en muy desventajosa posición respecto a eficiencia.

El índice define eficiencia como la habilidad de las instituciones para prestar servicios con bajos costos y con ganancias que les permitan sostenibilidad.

En este aspecto ocupamos el lugar 111 con 0,522 puntos. El puntaje nos ubica cerca de los coleros.

Evidentemente la modernización de las instituciones financieras para hacerlas eficientes y competitivas no se ha completado, a pesar de los grandes avances en las dos últimas décadas del siglo XX.

Nuestras instituciones financieras aún son ineficientes. Con la apertura a la competencia de la banca comercial se pretendió bajar el margen de intermediación. Pero aunque los gastos operativos de los grandes bancos comerciales públicos han convergido hacia el nivel de los privados, ambos son altos, creando un diferencial grande entre los intereses activos y pasivos.

En lugar de que los bancos privados compitieran para crecer más su participación en el mercado, después de hacerlo inicialmente, han preferido aumentar sus utilidades operando con márgenes de intermediación altos.

¿Cómo provocar que disminuya la diferencia entre las tasas activas y pasivas y así generar más ahorro nacional y más inversión?

Una posibilidad es realizar un cambio en la cartera de activos estatales que, además, podría ser una fuente para cooperar en la solución del financiamiento del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte y del sistema de salud de la CCSS, sin incrementar la ya muy alta y negativa carga sobre los salarios. Así podríamos atender uno de los serios retos que nos presenta el creciente envejecimiento de nuestra población.

Para evitar un aumento de impuestos y poder financiar una mayor inversión en infraestructura que hoy tanta falta nos hace, propuse en la campaña de 1998 vender el Banco de Costa Rica, BICSA, Fanal, y el INS una vez abierto el monopolio de los seguros.

Si en una licitación pública, transparente y debidamente promocionada se venden el BCR y BICSA a un banco de primer orden que tenga interés en el mercado nacional, se podría generar la competencia que obligue a los otros bancos públicos y privados a tener que bajar sus costos de intermediación. Esto sería de enorme beneficio para estimular el ahorro y la inversión y acelerar el lánguido crecimiento de nuestra economía.

Los recursos de estas ventas se pondrían en un fondo cuyo rédito se destine a la CCSS, un 50% para generar nuevos ingresos a IVM y el otro 50% destinado a la atención de la salud de nuestros habitantes.

Podríamos crecer más y a la vez fortalecer la seguridad social.