Federico Malavassi

Federico Malavassi

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Jueves 28 Enero, 2016

 El caso es que vivimos en sociedad para la seguridad de nuestros derechos y no para que, con el pretexto de la seguridad, se nos violen los derechos.

Samueleadores

Hay muchas palabras para describir la morbosa y enfermiza necesidad de estar mirando donde no se debe: samuelear, voyerismo, aloerastia y otras parafilias.
En el excesivo interés de algunas autoridades de estar enterándose de más y de tener acceso irrestricto o exagerado a las intimidades ajenas hay mucho de esto. Con el pretexto de la lucha contra el crimen, con el pretexto de la lucha por los impuestos, con el pretexto de tutelar algún bien público y algunos otros intereses similares es común ver cómo autoridades de todo tipo pretenden tener a los ciudadanos y sus actividades bajo la lupa.
En el fondo hay un terrible problema, la dicotomía entre seguridad y libertad se está desequilibrando en perjuicio de los derechos de las personas. El caso es que vivimos en sociedad para la seguridad de nuestros derechos y no para que, con el pretexto de la seguridad, se nos violen los derechos.
Al tema hay que agregarle que hemos olvidado la esencia de la República o Estado de Derecho, así como el fin básico del Derecho de la Constitución y a base de agregados y manipulaciones hemos olvidado el antropocentrismo que debe imperar en el mundo jurídico.
La Administración inventó, en versión apurada, que la OCDE exigía un registro público de accionistas para el ingreso de Costa Rica. Tal invento fue desnudado por la Uccaep ante la Asamblea Legislativa.
Un registro de accionistas en la Tributación es complicación exagerada de la vida social y de los trámites correspondientes. No se trata de una cuestión menor sino de una exageración de tramitomanía y de samueleo o voyerismo. El asunto no es inocuo sino oneroso e inaceptable.
Hace rato que la Administración pública (no solo la nacional) ha secuestrado la contabilidad de las empresas, desnaturalizando su origen y función. Hace rato que las declaraciones de impuestos exigen demasiada información y detalle, desnudando a todos frente a la Administración pública. Eso no está bien.
Deploro la reacción de la Administración ante el descubrimiento de su invento, pues en una intervención desacertada se despotricó contra todos y se confundió la conducta legal con la evasión delictiva. Eso no se vale. Si algún costarricense decide comprar en un depósito o tienda libre es obvio que elude los impuestos, pero no es una conducta delictiva sino promovida por el propio Estado. Los ejemplos sobran.
Todo ello me recuerda el tema descrito por George Orwell en la obra “1984”, ese “Gran Hermano” (tristemente en boga con los enfermizos “reality shows” que imperan) espiando todo y a todos todo el tiempo. Un “Gran Hermano” incapaz de rebajar un patológico gasto público del cual se nutre mientras inventa requisitos y trámites, adjudicándoselos a la OCDE.
Recomiendo releer a Henry David Thoreau y su “desobediencia civil”. No es aceptable pagar un gasto público ilegítimo que alimenta estas actitudes liberticidas basadas en la mentira.

Federico Malavassi