Salario único para burócratas avanzaría por carril lento en el Congreso
Evitar una huelga como la del año pasado que duró 86 días y, al mismo tiempo, promover un diálogo con todos los sectores, serían los objetivos
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El establecimiento de un salario único para los funcionarios públicos y un nuevo sistema de evaluación para los trabajadores del Estado tendrá que esperar varios meses, ya que el gobierno y algunas de las principales fracciones en el Congreso abogan por un debate “sosegado” y no una vía rápida para el proyecto del empleo público.
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Evitar una huelga como la del año pasado que duró 86 días y, al mismo tiempo, promover un diálogo con todos los sectores, incluidos los sindicatos, la Defensoría y las Universidades serían los objetivos.
La iniciativa establece el despido sin responsabilidad laboral para el funcionario que obtenga dos calificaciones menores a 70 en dos años consecutivos, así como la reducción de la cesantía a un tope de 12 años.
Eliminar las disparidades salariales en el sector público que llegan a los ₡3 millones para personal profesional es otras de las metas.
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“El empleo público necesita un debate sosegado de la sociedad costarricense, ya que es un proyecto integral que va a resolver problemas en los próximos años”, dijo Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, quien agregó que no existe una obligación inminente para su debate.
Mientras tanto, las fracciones de Nueva República y Restauración Nacional se oponen al debate apresurado de la norma, mientras que el PUSC tampoco lo vería con buenos ojos.
Es un tema denso y amplio que toca fibras sensibles para varios sectores de la población, como para actuar con prisa y discutirlo en uno o dos meses y que provocaría injusticias, dijo Carmen Chan, jefa de fracción de Nueva República.
Los cambios
Varios cambios en el esquema laboral de los burócratas se proponen con la ley de empleo público, estos son algunos de ellos:
- Crear incentivos es prohibido
- Despedir a empleados que tengan dos calificaciones menores a 70
- Establecer un salario único para todo sector público con ocho subregímenes específicos
- Fijar en 12 años, en vez de hasta 20 años, la cesantía
- Mejorar el sistema de reclutamiento
- Renegociar convenciones colectivas ajustado a nuevas leyes
- Uniformar criterios de evaluación
