La Presidencia de la Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo presentado por ocho diputados contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, por la integración de las comisiones permanentes ordinarias y especiales.
El expediente, identificado con el número 26-021567-0007-CO, cuestiona la conformación de las comisiones para el período constitucional 2026-2030 y el rechazo de varias solicitudes de permuta entre legisladores.
Los recurrentes solicitan que se anulen parcialmente los acuerdos legislativos 7116-26-27 y 7119-26-27, relacionados con la integración de las comisiones conforme a la propuesta presentada el 7 de mayo de este año.
Asimismo, piden que se deje sin efecto, de forma parcial, la resolución emitida el 2 de junio, mediante la cual la presidenta del Congreso rechazó varias solicitudes de intercambio de puestos entre diputados.
El objetivo de los legisladores es que se formalicen las permutas planteadas para modificar la integración de distintas comisiones parlamentarias.
El conflicto surgió luego de que Jiménez rechazara un total de 13 solicitudes de permuta impulsadas por fracciones de oposición, al considerar que algunos intercambios no se ajustaban al reglamento legislativo.
Entre las diputadas que previamente anunciaron acciones legales por este tema figuran Claudia Dobles, del Partido Coalición Agenda Ciudadana, y Abril Gordienko, del PUSC, quienes cuestionaron que se les impidiera intercambiar espacios en comisiones pese a existir un acuerdo entre ambas.
Las legisladoras sostienen que la decisión limitó su participación en comisiones vinculadas con su experiencia e intereses, mientras que la Presidencia del Congreso argumentó que las permutas entre diputados de distintos partidos no procedían.
El recurso también plantea que se revise la legalidad de las decisiones adoptadas durante la integración de las comisiones legislativas para este cuatrienio.
Con la admisión del recurso, la Sala Constitucional iniciará el análisis del caso para determinar si existió o no una vulneración a los derechos de las diputaciones recurrentes.