Rousseff presenta plan anticorrupción

Dilma Rousseff, presidenta brasileña, acuciada por masivas protestas, un escándalo en la estatal Petrobras y una estrepitosa caída de su popularidad, presentó ayer unas nuevas medidas para endurecer el combate a la corrupción y la impunidad.
“Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta”, dijo Rousseff, para quien el Estado tiene el deber de investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva, incluso para garantizar la protección de los inocentes.
Por las corruptelas en Petrobras, que salpican también a 18 empresas privadas, están bajo investigación 50 políticos, entre los que figura Joao Vaccari, tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), por supuestas maniobras dirigidas a obtener dinero de la estatal para financiar campañas de esa formación.
Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, va en esa dirección y tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que sólo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.
“Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias”, declaró Rousseff, cuyo Gobierno fue blanco el pasado domingo de multitudinarias protestas contra la corrupción y también por la delicada situación económica del país.
Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.
También se propone extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal.
Asimismo, se pide revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones judiciales en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso.
Otra de las medidas anunciadas reglamenta una ley contra la corrupción ya aprobada en las cámaras y referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público.
Rousseff, aseguró que “todos los brasileños”, incluso aquellos que no la respaldan, “saben que la corrupción no fue inventada”.

Brasilia/EFE