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Rodrigo Chaves guardia silencio por investigación de estructura paralela en campaña

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 24 agosto, 2022 02:42 p. m.


Archivo/La República.
Archivo/La República.


Aduciendo que no se le ha notificado nada y que además la prensa publicó informaciones tomando como base un documento filtrado, el presidente Rodrigo Chaves se abstuvo hoy de referirse a la supuesta creación de una estructura paralela de financiamiento para la campaña política.

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“A mi no se me ha notificado nada, además, se trata de un documento que fue filtrado de manera ilegal. Tengo la conciencia tranquila, pero no voy a responder a algo que en estos momentos no tiene ni forma, ni legitimidad”, dijo Chaves este mediodía en conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.

Este martes se dio a conocer un documento en donde el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hizo varias observaciones al Ministerio Público en torno a las finanzas del Partido Progreso Social Democrático. La agrupación emergente llevó a Chaves al poder en abril anterior.

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“Como parte de este esquema oscuro de financiamiento, se habrían recibido donaciones de personas físicas, personas jurídicas y personas extranjeras, entre el 25 de febrero de 2021 y el 8 de octubre de 2021, en las cuentas bancarias de un fideicomiso sin haberse reportado al órgano electoral”, según el informe del TSE.

De confirmarse en los tribunales la creación de una estructura paralela de financiamiento para la campaña política de Chaves, los involucrados podrían ser sancionados hasta con seis años de cárcel, según el Código Electoral.

La figura del fideicomiso para manejar recursos no sería ilegal, el problema, es que no se habría reportado su constitución oportunamente, además de recibir dinero de extranjeros.

En principio, luego de captar dinero de diversas personas, sin que el origen fuese reportado al TSE, la supuesta estructura paralela habría cancelado facturas por casi ¢100 millones y así cancelar diversos gastos como el alquiler de la sede del partido, gastos por publicidad, servicios profesionales y de vigilancia y de viáticos, así como el salario de varios profesionales.

El informe se facilitó el pasado 8 de junio al Ministerio Público, con el objetivo de determinar el origen de los recursos que recibió la campaña.

El Código Electoral es claro en sus artículos 275 y 276 en torno a las limitaciones establecidas al financiamiento de los partidos.


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