Riguroso análisis condicionará préstamos futuros

La realidad que estamos viviendo nos obliga a todos a hacer ajustes en los gastos, a replantear la forma en que invertimos el dinero y a pensar una y otra vez en cómo manejamos los préstamos. El gobierno de la República no debe estar exento a estos mismos procesos, pues ciertamente la plata no puede estirarse por arte de magia y las mejoras en la administración de los recursos son necesarias para generar estabilidad.

En ese contexto, los préstamos internacionales que se presentarán en la Asamblea Legislativa deberán analizarse sobre la base de la transparencia, la conveniencia y la adecuada rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Nueva República votó en contra del crédito con el FMI, la semana pasada, porque justamente la administración Alvarado ha fallado reiteradamente en garantizar el uso responsable del dinero de todos.

Es difícil confiar en un gobierno que negoció las condiciones de ese empréstito a espaldas de la gente, de los congresistas, y que tuvo el descaro de negarlo mil veces. Lo reconoció finalmente la semana pasada, cuando se dio cuenta que los diputados de Nueva República y otras fracciones no estamos dispuestos a seguir su juego.

La desconfianza para la aprobación de préstamos futuros es provocada por más hechos. El gobierno se rehúsa a controlar el gasto, le da la espalda a la transparencia en el uso de los fondos públicos y, por si fuera poco, los recursos provenientes del endeudamiento del Gobierno Central no se han empleado para reactivar la economía ni para gastos de inversión, sino que todos se han destinado al gasto corriente.

Tampoco ha sabido decir en qué ha gastado el dinero que ya recibió. Sobre los $500 millones del crédito con el CAF, le entregó a la Contraloría reportes poco claros, sin detallar y documentar el uso de la plata, sin hacer mención a la utilización de los recursos y al cumplimiento de objetivos. Ya nos había quedado un mal sabor de boca con los eurobonos, que se aprobaron antes de la pandemia con mucha premura y que, al final, estuvieron sin uso en el Banco Central por más de cinco meses y luego no se emplearon para rebajar la deuda como todos esperábamos.

El dinero que se ha aprobado para atender la emergencia se ha usado sin la rigurosidad deseada por todos. Los informes de la entrega del Bono Proteger muestran que hubo un desorden en su asignación y seguimiento; la Comisión Nacional de Emergencias entregó una millonada en víveres a instituciones que no coordinan entre sí.

La plata también se usa para favorecer a los aliados del gobierno. La semana pasada nos sorprendimos con que la CSSS invirtió ¢2.950 millones en el Grupo Nación, una inversión de alto riesgo que sin embargo habría ayudado a esta empresa a realizar varios negocios millonarios, como la construcción del Parque Viva.

El uso de las mal llamadas cajas chicas del Estado deja mucho que desear. El ministro Prieto le solicitó a Recope más de ¢10.000 millones para cubrir gastos y, para apoyar a los arroceros y sus aranceles, el gobierno les prometió darles recursos del Sistema Banca para el Desarrollo, del INS y hasta del Fondo de Adaptación para el Cambio Climático.

Es probable que sean necesarios más préstamos, pero la señal que le mandamos al Ejecutivo con el empréstito del FMI es que debe tener orden en la administración del dinero de todos. Nueva República propuso trece pasos para la reactivación económica, y uno de ellos consistía en firmar un acuerdo Stand By con ese organismo, pero sin contemplar nuevos impuestos o subir los existentes. No se trata de condenar los créditos internacionales, sino de plantearlos responsablemente y con la mira puesta en la gente, no en las elecciones o en ciegos preceptos ideológicos.

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República