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Pizarrón
El país necesita un remozamiento y reforzamiento de sus estructuras político electorales, de su institucionalidad democrática política, necesita de un mejor andamiaje político administrativo que permita tomar decisiones políticas, que estimule la toma de acuerdos políticos, que permita afirmar la gobernabilidad y que la posibilite.
Esto está claramente acompañado, y necesariamente, de una nueva cultura política, de una nueva mentalidad política, de una nueva conciencia ciudadana, que se oriente por fortalecer la participación ciudadana directa, por una mejor representación política en los organismos de elección popular, por asegurar y garantizar mecanismos eficaces de masas en el control político de las autoridades de gobiernos locales, de los diputados y del Gobierno Nacional.
En la parte político administrativa se necesita una simplificación de procesos, una concentración eficiente de las funciones institucionales, eliminando su duplicidad, una simplificación, al extremo posible, de trámites, de una desburocratización general, de una mentalidad y cultura organizacional laboral, en el sector público, donde se entienda claramente, que la función del trabajador estatal, en todas sus dimensiones es servir, es cumplir con su trabajo, de potenciar la responsabilidad laboral.
Hay que acabar con la idea, y con la práctica en muchos casos, de que el poder en las instituciones está en los escritorios y en las ventanillas, que se ejerce contra los usuarios y demandantes de servicios.
El poder en las instituciones, así es en la vida real, está en las Juntas Directivas, en sus miembros, y en aquellos funcionarios que tienen capacidad de tomar decisiones institucionales. Esto es lo que clásica y teóricamente se llama Burocracia, o “poder de las oficinas”. Burócrata no es cualquier trabajador del Estado o de las instituciones públicas. Burócrata es solo aquella persona que tiene capacidad de tomar decisiones, no el que realiza tareas administrativas o laborales de cualquier naturaleza. Estos son trabajadores o empleados públicos. Se usa el término “burócrata” de manera despectiva, y a veces insultante, para referirse a todos los funcionarios públicos, no siendo así.
La clase trabajadora del Estado y sus instituciones, los sindicatos del sector público, en todas sus manifestaciones, deben reivindicar estos conceptos, reservando el de “burócrata”, solo para los jerarcas institucionales y para quienes en el orden de la administración institucional, tienen funciones de jefaturas con capacidad de tomar decisiones institucionales. Al mismo tiempo, deben luchar contra las malas conductas organizativas laborales por las cuales cualquier trabajador quiere hacer de su puesto, una trinchera de poder contra el usuario y demandante de sus servicios, lo que perjudica en sus efectos la imagen de las instituciones.
La Asamblea Legislativa puede cumplir un buen papel analizando esta situación en torno a los proyectos que se han hablado públicamente, y entiendo están en trámite legislativo, para refundir instituciones y evitar la duplicidad de ellas en su funciones y objetivos.
En el campo político electoral la Asamblea Legislativa ha venido conociendo propuestas para mejorar la representatividad política, elevando el número de diputados, y eligiéndolos de una manera diferente. Va a llegar a conocer otras propuestas en un sentido parecido.
Ese es el escenario natural, la Asamblea Legislativa, para discutir reformas políticas y reformas electorales. Sin miedo, con posibilidad de aprobarlas para mejorar nuestro sistema político electoral y democrático.
Las reformas políticas deben discutirse políticamente, con actores políticos, con actores que tengan capacidad de decisión política y con actores que en esta discusión tengan posibilidad de lograr acuerdos políticos, y que tengan, ojalá también, visión política por lo menos del mediano plazo. Pero esta discusión debe acompañarse de un gran debate nacional, de una gran reflexión nacional, donde distintos actores puedan expresar sus puntos de vista, donde al calor de estas discusiones y reflexiones se vaya constituyendo la conciencia nacional suficiente para impulsar y aprobar estos cambios. Igualmente, que esta discusión se haga al calor de la historia y experiencia nacional, como de la comparación con escenarios históricos que puedan servirnos hoy de ejemplo.
Si por la vía de estas reformas no se llega a los cambios que el país necesita, y el ordenamiento político electoral y democrático institucional no logra modernizarse para una mejor gobernabilidad, el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente es cada vez más fuerte, claro y determinante, con los riesgos que ello comporta hoy con los nuevos sectores político parlamentarios y sociales que han emergido especialmente en la última elección del 2018.
¿En este sentido cuáles reformas políticos electorales son urgentes?
1.- El aumento del número de diputados. Hoy tenemos 57, que vienen desde 1956, cuando teníamos un millón de habitantes. En ese momento un diputado representaba 17.500 habitantes. Hoy con cinco millones un diputado representa 87.700 habitantes. Si se guardara la misma relación de 1956, hoy con cinco millones deberíamos tener 285 diputados. En todo el mundo países con una población similar a la nuestra tienen entre 160 y 220 diputados.
En la Comisión de Notables, convocada por la Presidenta Laura Chinchilla, propuse elevar a 87 el número de diputados, con una lista nacional de 30 más de los 57 que actualmente se eligen por Provincias. En su momento provocó gran alarma el número.
Actualmente, la organización “Poder Ciudadano Ya” ha propuesto una integración legislativa de 84 diputados, 42 electos por 42 Distritos Electorales, que habría que crear, a razón de uno por distrito, y de 42 electos nacionalmente. Esta propuesta se ha venido discutiendo en la Asamblea Legislativa sin que se integre una Comisión para darle el trámite correspondiente. A esta propuesta sugerí que se agregaran dos diputados por la Comunidades indígenas representando los 24 territorios indígenas existentes y reconocidos en el país.
En la propuesta mía se mantienen los 57 diputados en la forma que tienen hoy de elegirse. En la propuesta de “Poder Ciudadano Ya”, de los Distritos Electorales hay que crear los 42 Distritos Electorales, situación que resolvería el Tribunal Supremo de Elecciones, en razón de que cada Distrito tenga una cantidad similar de habitantes, que sería equivalente a un Distrito Electoral por cada 120.000 habitantes, con lo cual esta propuesta por sí no es más representativa si se trata de ver que cada diputado represente un número de habitantes o electores menor que el que actualmente cada uno representa.
El Tribunal Supremo de Elecciones, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Registro Civil, y el Instituto Físico Geográfico Nacional, junto con el apoyo de las Escuelas de Geografía de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, tienen la capacidad para hacer esta definición, delimitación y distribución de Distritos en todo el territorio nacional.
Los diputados nacionales, en ambas propuestas, se eligen por el acumulado de votos que los partidos políticos logren a nivel nacional, en proporción directa al resultado obtenido.
Los partidos políticos no deben ver peligro alguno en la posibilidad de elegir diputados. Tienen quizá mas posibilidad de elegir con las listas nacionales que con las listas provinciales que actualmente funcionan o con la de distritos electorales que podrían llegar a funcionar. Veamos: En cada elección, como es actualmente, los partidos políticos nacionales que no eligen diputados pierden todos sus votos, pero si hubiera lista nacional sumarían todos sus votos y pelearían con todos los partidos la elección posible de diputados nacionales. Aquí tienen otra posibilidad de elegir.
Los diputados de los partidos pequeños le tienen miedo a esta reforma de Distritos Electorales, por la misma razón, ya que en cada Distrito solo se elige un diputado, no importando el número de partidos que participe en cada distrito. Es igual como funciona hoy la elección de diputados por Provincias, donde por el número de votantes se proporciona la cantidad de diputados, quedando muchos partidos sin elegir, entre ellos los mismos partidos pequeños y perdiendo de esa manera sus votos.
La clave es que los distritos electorales tengan la misma cantidad de votantes o de población a representar. No se pueden hacer distritos electorales para ciertas zonas menos pobladas y otros para zonas más pobladas a razón de elegir un diputado por cada una de ellas, porque se privilegiarían sectores sociales en el voto, y se castigaría a ciertos grupos poblaciones. Por ejemplo, no se puede hacer un distrito electoral solo para el Barrio Los Yoses, otro para Barrio Escalante, otro para Lomas de Ayarco o Rohrmoser y otro para todos los Hatillos, otro para todo Pavas, otro para todo Guadalupe o Desamparados y así crear una geografía electoral que daría en resultado privilegios políticos de representación a unos sectores sobre otros.
La elección de diputados por Distritos Electorales, sin lugar a dudas, acercaría a los electores a su Representantes Populares, les obligaría a una relación política directa, a atender mejor sus demandas, a oírlos, y posibilitaría la sanción popular a estos diputados, hasta su eventual revocatoria de mandato.
Dentro de estas reformas electorales está también la reelección continua de diputados, como se hacía antes de 1948. Por ejemplo, Manuel Mora Valverde, diputado comunista, se reeligió continuamente desde 1934 hasta 1948. Hoy los diputados pueden reelegirse alternativamente, brincándose un período legislativo. La reelección consecutiva facilita la formación del gran diputado, desarrolla la carrera parlamentaria, eleva la calidad de los diputados. Son los mismos partidos políticos y los electores los que va a definir con sus votos si le dan la confianza política al partido y al diputado para su reelección con base a la valoración que hagan de su trabajo parlamentario. Ningún partidos político va a proponer malos diputados para la reelección. Todos los diputados van a realizar grandes esfuerzos y esmerados méritos para ganarse esa posibilidad de reelegirse. Actualmente a nivel municipal todos los funcionarios pueden reelegirse continuamente, aunque hay posturas en la Asamblea Legislativa para eliminar esta posibilidad, que es echar atrás conquistas y derechos electorales ya logrados. Lo que se requiere, igual que para la Asamblea Legislativa, es saber elegir y saber votar por el mejor candidato.
La otra reforma que marcha en posibilidad de hacerse es que los diputados se elijan separadamente de la elección presidencial, de manera que si la elección del Presidente se realiza el primer domingo de febrero, como está establecido constitucionalmente, la de diputados se haga el primer domingo de abril, como ya está establecida esa fecha en la Constitución para una segunda ronda presidencial, en cuyo caso calzaría la segunda ronda con la elección de diputados, si hubiera esa segunda ronda.
Lo ideal sería que estas reformas empiecen a funcionar para las elecciones del 2022. Todavía hay tiempo de aprobarlas en trámites legislativos y constitucionales si así se quisieran tomar las decisiones políticas en este sentido. Pero, si hubiera temor para las próximas elecciones nacionales, bien podrían aprobarse con un transitorio legislativo para que funcionen en el 2026.
No le tengamos miedo a estas reformas. Por lo menos discutámoslas. Avancemos en ellas…o avancemos hacia la Asamblea Nacional Constituyente y que ésta defina todo lo que haya que corregir en el andamiaje político institucional, democrático y electoral nacional.
