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Viernes 21 Julio, 2017

Reinventando las Asociaciones Público Privadas

Si bien las Asociaciones Público Privadas (APP) no son una figura nueva en nuestro país, en los últimos meses se han dado dos acontecimientos importantes que pretenden dar un nuevo impulso al complemento que puede ser el sector privado en la consecución de recursos y en la provisión de la infraestructura y los servicios públicos requeridos por los ciudadanos a través de las APP.

De acuerdo con datos de la OCDE, organización hacia la cual el país ha comenzado su proceso de adhesión, de 2002 a 2013 el promedio del gasto en infraestructura de transporte fue del 0,8% del PIB. El Plan Nacional de Transporte 2011-2035 proyecta necesidades de inversión anual del orden del 4% del PIB hasta 2035, donde dos terceras partes de las necesidades de gasto deberían provenir del sector privado.
A finales del año pasado, por decreto ejecutivo presidencial se emitió un Reglamento para los Contratos de Colaboración Público Privada, que establece, tanto para la Administración como para los privados, las normas, pautas y procedimientos para la ejecución de proyectos bajo esta modalidad. Dicha normativa es un paso importante aunque no suficiente, dadas la naturaleza de la norma y las condiciones requeridas para establecer un esquema viable de “bancabilidad” de los proyectos que se tramiten bajo esta modalidad.

Adicionalmente, la Fundación ALIARSE ha coordinado la elaboración de una propuesta para la formulación de una política pública que oriente la decisión, la definición y la implementación de proyectos bajo esquemas de APP. La política se desarrolló en conjunto con autoridades del gobierno, a partir de los insumos generados de un proceso participativo, realizado con diferentes actores clave a nivel nacional y que hoy está en revisión en el Ministerio de Hacienda.

La propuesta de política pública contiene un análisis del marco legal que regula esta figura en el país, y que concluye que se ha desarrollado a través de esfuerzos aislados no articulados, que requieren un fortalecimiento de la institucionalidad mediante una legislación marco que establezca reglas claras, procedimientos estandarizados y de alcance general para contar con el direccionamiento necesario e integral sobre lo que se pretende y se espera de las APP. En este sentido, el reglamento supramencionado si bien es un instrumento útil, corre el riesgo de no tener, como sí lo tiene una ley integral, el peso suficiente para dar el impulso que se requiere a las APP.

Las necesidades que el país tiene en el campo de la infraestructura pública y la débil situación fiscal, hacen que la participación del sector privado sea instrumental en el desarrollo de proyectos estratégicos. Esa participación estará mejor direccionada con un política pública que enmarque los principios generales bajo los cuales dicha relación puede resultar en un ganar-ganar para el Estado, la sociedad y los inversionistas que se vincularán en una relación de largo plazo con la provisión de la infraestructura, que no está más decir, no se privatiza, ya que siempre es y será un bien público del Estado.

Aitor Llodio
Director ejecutivo
ALIARSE