Regular tarifas de universidades privadas afectaría libre mercado

Que exista un modelo tarifario para las universidades privadas en el país es una propuesta que se contempla en el actual proyecto que reforma al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup).

Sin embargo, esto no es posible ya que riñe contra la Constitución al atentar contra el libre mercado, advierten la Asociación Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (Unire) y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham).

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Que Conesup controle las tarifas afectarían las inversiones y provocaría el eventual cierre de universidades privadas por desfinanciamiento.

Además, representaría un aumento de los costos de las universidades; que se trasladaría a los estudiantes, lo que imposibilitaría a muchas personas acceder a la educación superior, advierte la Universidad Castro Carazo.

“Controlar las tarifas, según un modelo técnico que proponga el Conesup es ilegal, inconveniente e innecesario. La fijación de topes es, sin duda, una violación a la libre competencia que atenta contra los principios de libertad de las empresas. Esta propuesta eleva los costos transaccionales de las universidades privadas, que a su vez serán trasladados a los estudiantes”, agregó Gisela Sánchez, presidente de AmCham.

La regulación de tarifas es algo que ya se da por medio de los contratos que firman los estudiantes con sus universidades, en los cuales se establecen los términos de la prestación de servicios y en el rubro de los costos pueden garantizar que no hayan modificaciones sobre la marcha.

"Quien tiene reclamos debe acogerse a lo dispuesto en la Ley 7472 y dirigirse a la Comisión de Defensa del Consumidor, a los tribunales penales o civiles ordinario, según la naturaleza del incumplimiento", afirmó Silvia Castro, rectora de la Ulacit.

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Por otra parte, consideran que el proyecto se aleja de mejorar la función principal para la que se creó el Conesup: velar por mejorar la calidad de la educación superior.

Para esto, la propuesta establece la acreditación como un requisito obligatorio, el cual sería ante el Sinaes órgano adscrito al Consejo Nacional de Rectores (Conare) de las universidades estatales.

"Lo más grave es que proponer la acreditación obligatoria solo para las universidades privadas viola el principio de igualdad ante la ley por omisión, pues otorga un trato discriminatorio, entre universidades públicas y privadas y presupone que la calidad en las universidades privadas es inferior", advierte Rosa Monge, presidenta de Unire.

Además, la reforma no fortalece al Conesup, ni mejora los tiempos de respuesta, ni sanciones al ente fiscalizador por incumplimiento a estos tiempos.

"Es necesario analizar y discutir el tema del Consejo, el cual quedaría compuesto y estructurado de la misma forma y, lamentablemente a través del tiempo se ha comprobado que no funciona", advierte la Universidad Castro Carazo.