Una política de empleo bien diseñada es crucial para el buen funcionamiento del sector público

Reforma a las políticas de empleo público

La discusión en torno a la necesidad de ajuste en las finanzas gubernamentales ha puesto sobre la mesa, nuevamente, el tema del empleo público.
Ciertamente, desde una óptica fiscalista, replantear ciertos aspectos de las reglas actuales que rigen las remuneraciones y la contratación de personal en el Gobierno puede contribuir a reducir el crecimiento de los gastos y el déficit, pero especialmente a evitar que este rubro siga una trayectoria incontrolable que comprometa la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales.
Pero, más allá del déficit, hay otras dimensiones igual o más importantes sobre las que una reforma profunda a las políticas de empleo público puede tener un impacto positivo.
Un primer elemento es la capacidad que tiene la administración pública de atraer talento, especialmente joven. Los esquemas actuales de remuneración en el Gobierno y en muchas instituciones públicas se basan principalmente en la antigüedad de la relación laboral.
Este esquema en donde las remuneraciones a los colaboradores van creciendo simplemente en función de los años servidos y en los que los salarios básicos o de inicio de la relación laboral son relativamente bajos hacen poco atractiva la función pública para profesionales talentosos o personas jóvenes.
Esto crea un sesgo que evita que las instituciones públicas renueven sus equipos de trabajo con nuevas visiones y capacidades, más acordes con la cambiante demanda por los servicios que prestan a los ciudadanos.
Un segundo problema de los esquemas actuales de empleo público es la forma en cómo se gestionan la evaluación del desempeño y los incentivos monetarios para los colaboradores.
Lamentablemente, como sucede con muchas otras evaluaciones que se realizan en el sector público, la que se realiza periódicamente a los colaboradores no deja de ser un simple trámite que no tiene ningún efecto sobre la forma en como se organizan las actividades, se persiguen los objetivos institucionales y los incentivos a los funcionarios.
Como si esto no fuera suficiente, muchos de los incentivos salariales en el sector público no están vinculados del todo con la forma en que realizan su trabajo.
El diseño de un esquema apropiado de evaluación y de incentivos podría tener un impacto positivo sobre la eficiencia con que son prestados los servicios públicos, volviendo socialmente más rentable este gasto. Pero, además, en la medida en que premie con justicia y transparencia el esfuerzo de las personas en su trabajo podría mejorar el clima organizacional y, con él, los resultados que perciben los ciudadanos.
Una política de empleo bien diseñada es crucial para el buen funcionamiento del sector público. Bajo el esquema actual, son los ciudadanos y los consumidores de los servicios que provee el Estado los que terminan pagando los costos de un mal esquema de incentivos, sea en forma de mayores impuestos, tarifas más altas o en términos de ineficiencia y tiempo perdido.
El esquema actual, además de oneroso, perpetúa una situación en donde los intereses de los grupos de presión sindical —que promueven el mantenimiento del statu quo o incluso la profundización de sus elementos más perversos— se ven apoyados por políticos complacientes que, más que buscar el bien común, evitan la reforma por simple cálculo político.

Cefsa

José Luis Arce
 

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