Leiner Vargas

Leiner Vargas

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Martes 20 Septiembre, 2016

La Sutel debería contratar de forma transparente los estudios técnicos y económicos que permitan avanzar en una regulación a favor del usuario y no en función de los intereses de los grandes operadores

Reflexiones

Competencia y regulación de la Internet móvil en Costa Rica

Hace un par de semanas salió a la luz pública un estudio del Centro de Estudios en Regulación de América Latina (CER.LA) con sede en Uruguay titulado: Análisis de la Regulación de los Precios Minoristas de los Servicios Móviles en Costa Rica que quisiera comentar en esta columna y que fue contratado, como consultoría, a la firma de abogados colombiana Márquez Barrera Consultores y ejecutada, por el abogado Pablo Márquez. Hago esta mención específica para dejarles en el tapete al menos tres elementos que tienen poca transparencia en materia del estudio anteriormente mencionado y que vale la pena cuestionarse a qué se debe dicha situación.

Primero, se desconoce ¿quién? y ¿con qué términos de referencia? procedió a contratar un estudio de esta materia, tan específico en el interés de los operadores de telecomunicaciones de Costa Rica a saber: el ICE, CLARO y TELEFÓNICA. Tampoco existe claridad sobre, ¿quién y cuánto se pagó por dicho estudio?, ni los orígenes de los fondos para contratar dicho trabajo. Siendo un estudio sobre Costa Rica, tampoco es clara la selección de la firma consultora colombiana, que además, cuenta a su haber con una cartera de clientes importantes, donde destacan empresas de telecomunicaciones de la región, algunas de ellas con presencia en Costa Rica. Todos estos elementos dan cuenta de una importante duda presente en dicho estudio y que debería aclararse antes de utilizar los argumentos que en dicho trabajo se utilizan.

Luego de haber leído el estudio y valorado las recomendaciones hechas por el mismo, quisiera dejar claro lo siguiente: Primero, el estudio realizado por el abogado Pablo Márquez no cuenta con un marco teórico ni evidencia estadística que pruebe ninguna de sus afirmaciones económicas realizadas en el mismo, la mayoría de las cuales se realizan de manera aventurada y sin validación del contexto y de los indicadores de gestión de las telecomunicaciones costarricenses, ni tampoco aporta los elementos comparativos de la industria latinoamericana y global que los sustenten.

Tampoco cuenta dicho estudio, con análisis de competencia o referencias a mercados similares, por lo que las afirmaciones a la industria y demás referencias a los modelos tarifarios son claramente aventuradas y sin fundamento teórico y empírico relevantes.

Segundo, el estudio carece de un análisis riguroso de los segmentos regulados y no regulados de la industria de telecomunicaciones de Costa Rica, por lo que es más una mención legal anacrónica de los hechos, que una referencia confiable para efectos de análisis industrial. Esto es una deficiencia muy marcada en este tipo de consultorías que no ahondan en el análisis económico de los mercados y que simplemente, basan sus resultados en elementos normativos de lo que se considera debería ser la evolución de la industria.

Ante ello vale la pena preguntarse si se trata de posiciones ocultas de terceros interesados en influenciar la evolución de los modelos tarifarios de la Sutel, con dobles intereses.

Tercero, dado que existe escasa transparencia de los intereses del autor en relación a no revelarse de antemano, ni los costos ni los términos de referencia del estudio, en el mejor de los casos se podría usar dicho trabajo como una referencia interesada de las compañías de TELECOM, pero no debería considerarse como un documento para el análisis o soporte a las políticas públicas del país.

Es menester de quienes lo usen averiguar la forma y mecanismos para financiar esta consultoría, no requerida por el ente público costarricense ni por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Tal como lo he venido exponiendo en varios artículos previos, el sector de telecomunicaciones es muy propenso a caer presa de la captura regulatoria, sobre todo al definirse un modelo tarifario de precios tope, donde existen enormes intereses de los operadores para discriminar precios y bajar la calidad del servicio.

Además, la dualidad existente entre servicios prepago y postpago está generando una dicotomía y un rezago tarifario en perjuicio del consumidor final.

Es urgente la delimitación de los mercados relevantes y la corrección del modelo tarifario para garantizar competencia dinámica y estática en ambos segmentos de la telefonía.

La Sutel debería contratar de forma transparente los estudios técnicos y económicos que permitan avanzar en una regulación a favor del usuario y no en función de los intereses de los grandes operadores de TELECOM, incluyendo al ICE en este caso.

Finalmente, quisiera abiertamente solicitarle a la Sutel que por la vía requerida, consulte a la CER.LA los términos de referencia, los costos y la experiencia que garanticen que el trabajo realizado y publicado por dicha organización, no se trata de un estudio disfrazado realizado y financiado por los propios operadores de TELECOM, uno más de los trucos que se utilizan en América Latina para influir y capturar a las agencias regulatorias, en este y otros segmentos de la industria. Por supuesto que de este tema deberían tomar nota también la Defensoría de los Habitantes y la Asociación de Consumidores de Costa Rica y las autoridades de la prensa costarricenses, para evitar caer en este tipo de trampas regulatorias.

Dr. Leiner Vargas Alfaro
www.leinervargas.com