Referéndum a la vista
“Somos un partido progresista que no tiene miedo al cambio, es hora de actuar por el bien de Costa Rica”, dijo Fabio Molina, jefe de fracción del PLN. Archivo/La República
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Alternativa ante mal ambiente en Asamblea

Referéndum a la vista

Reelección presidencial y cambios al reglamento del Congreso serían llevados a las urnas

Si en el Congreso no existe el consenso necesario para aprobar las iniciativas propuestas por la Comisión de Notables, el Gobierno impulsaría un referéndum antes de las elecciones.
Así lo confirmó a LA REPÚBLICA Fabio Molina, jefe de fracción de la bancada oficialista de Liberación Nacional, quien indicó que en estos momentos “no hay voluntad política en torno a estas propuestas”.

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Tras la finalización del debate sobre este tema por los diputados en el plenario, el Poder Ejecutivo tanteará el terreno para saber cuáles de los proyectos tienen algún tipo de viabilidad.
Si el panorama es oscuro para Chinchilla, queda abierta la vía de la consulta popular.
Eso sí, la decisión debe estar tomada antes de setiembre, pues el Tribunal Supremo de Elecciones no puede convocar a un referéndum seis meses antes de los comicios generales.
Entre las iniciativas que serían llevadas están la reelección presidencial y de los diputados, así como la posibilidad de remover el gabinete y disolver el Congreso.
Otra de las iniciativas es reformar el reglamento legislativo para acortar las discusiones de los proyectos de ley y así obligar a los diputados a tomar una decisión sobre las propuestas que discuten.
El objetivo de todos esos planes de acuerdo con Zapote, es acabar con la “ingobernabilidad” en la que ha caído el país, por el traslape de funciones entre los poderes de la República y así, avanzar en la toma de decisiones.
“Si los diputados somos incapaces de tomar decisiones, lo mejor es ir a una consulta popular y eso demuestra la urgencia de estos cambios, que decida el pueblo. Liberación y el Gobierno no les tienen miedo a las urnas, ni al progreso, ni al cambio, a diferencia de otros grupos que no quieren avanzar”, indicó Molina.
En los últimos años se ha vuelto común que los mandatarios latinoamericanos acudan a este tipo de mecanismo para aprobar los cambios que desean implementar; entre ellos, Venezuela, Ecuador y Bolivia.
En el caso de Costa Rica, solo una vez se ha acudido a este vía para dirimir un tema y fue precisamente en octubre de 2007, para decidir la filiación del país al TLC con Estados Unidos y Centroamérica. Al final, la propuesta del “Sí” ganó la consulta.
La ley establece que la opción del referéndum se puede activar por tres vías diferentes.
Los ciudadanos pueden solicitar la realización de una consulta de este tipo cuando logran el apoyo de un 5% del padrón electoral, mientras que el Congreso puede pedir el referéndum si 38 de los 57 diputados toman un acuerdo en ese sentido.
Finalmente, el Gobierno puede emitir un decreto pidiendo la consulta al órgano electoral, la cual debe organizar obligatoriamente si la Asamblea toma un acuerdo favorable por la mayoría de sus integrantes.
Esto significa que el Poder Ejecutivo debería contar con 29 votos en Cuesta de Moras, algo que parece no estar pegado al cielo, si se considera que su bancada cuenta con 24 legisladores y que en principio tiene como aliados a por lo menos otros seis diputados del PASE y otros minoritarios.
La posibilidad de ir a una consulta popular para definir estos temas inquieta a la oposición.
El informe de la comisión de notables, no es otra cosa que una estrategia de Chinchilla para desviar la “atención sobre lo malo que es este gobierno”, manifestó Luis Fishman, legislador del PUSC.
Añade que los verdaderos problemas de ingobernabilidad no se resuelven con leyes, sino con diálogo y concertación, algo de lo que el Gobierno ha carecido en estos tres años.
“Todo esto fue una cortina de humo para hacerles creer a los costarricenses que había un problema de ingobernabilidad, sobre todo si se considera que muchas de las propuestas que hicieron los notables ya se habían presentado con anterioridad, como la ley de jurisdicción constitucional”, concluyó Fishman.

Esteban Arrieta
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