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Este martes, el presidente Rodrigo Chaves hizo oficial el veto número 12 de su administración.
Se trata de un récord histórico para Costa Rica que demuestra el diálogo complejo y la tirantez entre el gobierno saliente y los diputados en estos cuatro años de trabajo.
Paralelamente, a la fecha hay seis vetos que están a la espera de que los legisladores tomen una decisión. En los restantes, la oposición se impuso en cuatro ocasiones.
En todos estos casos se invirtieron años de discusión parlamentaria y recursos humanos y técnicos y, aunque es muy difícil calcular cuánto dinero se gastó en proyectos de ley que probablemente terminen echándose a la basura, sí se puede asegurar que se trata de una suma millonaria, porque el presupuesto anual de la Asamblea Legislativa asciende a ¢125 mil millones, de los cuales el 60% se gasta en salarios.
Según Chaves, cada día de trabajo de los diputados cuesta alrededor de ¢220 millones, a la vez que un proyecto se discute en no menos de año y medio, de acuerdo con el Estado de la Nación.
Si se compara con otras administraciones, el uso del veto por parte de Chaves triplica a otros mandatarios como Oscar Arias, Abel Pacheco y Luis Guillermo Solís, entre otros, lo que refleja una dinámica de debate político muy diferente.
Para resellar un proyecto, o mejor dicho, pasarle por encima al veto de Chaves, los diputados opositores requieren el respaldo de 38 legisladores.
El tema volvió a ponerse sobre la mesa de discusión esta semana, cuando Chaves hizo oficial su veto a la reforma a la Ley de Ejecución de la Pena.
Se trata de una norma que pretende ordenar el otorgamiento de beneficios carcelarios para los delincuentes y que es rechazada por Chaves, al considerar que favorece a los criminales.
La ley no cambia las condenas ni reduce penas; lo que sí hace es ordenar y poner reglas claras sobre cómo se cumplen las penas una vez que la persona ya fue condenada, según Gloria Navas, legisladora independiente que favorece el plan.
Hoy día, muchas decisiones sobre la ejecución de la pena, como beneficios carcelarios, cambios de modalidad, traslados y medidas disciplinarias, se basan en circulares administrativas y criterios que no siempre están en una ley formal, por lo que, en principio, se toman decisiones políticas en algunos casos con criterios informales, agregó Navas, quien señala que la ley se construyó de manera técnica con el Poder Judicial.
Pese a ello, el mandatario se opone y señala que la propuesta no es otra cosa que una medida de mano floja frente al crimen.
“Esta ley, lo que hace es alcahuetear lo que estamos viviendo al día de hoy, donde los jueces de ejecución van a seguir teniendo el control y liberando gente sin respetar el criterio técnico”, indicó el presidente Chaves.
Por otra parte, hace prácticamente año y medio los legisladores de oposición no han vuelto a revertir el criterio del Presidente y, de hecho, el último pulso, en el último trimestre del año pasado, se resolvió favorablemente con los deseos del presidente, cuando los diputados no pudieron evitar el archivo del proyecto que pretendía ampliar los horarios para los allanamientos del OIJ a las 24 horas del día.
A partir de ahí, hay una serie de leyes aprobadas en segundo debate que fueron vetadas por Chaves y están a la espera de que el Plenario tome una decisión.
El proyecto para promover vuelos baratos en Centroamérica, una nueva ley para obligar al Gobierno a reglamentar las nuevas normativas de manera más expedita, el adelanto de las pensiones para los personeros del OIJ a los 55 años, la ley para el desarrollo integral de la subcuenca del río Pirrís y la norma para regular eventos deportivos en vías públicas están a la espera de que el Congreso tome una decisión.
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