¿Quién vela por el desempleo?

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la encuesta continua de empleo correspondiente al cuarto trimestre de 2018.

Los dos aspectos más relevantes tienen que ver con lo que se conoce como la tasa de participación (la fuerza de trabajo o personas dispuestas y que buscan trabajo respecto a la población en edad de trabajar de 15 años o más), subió de un 57% en el IV trimestre de 2017 a un 63% hoy, estas son 260 mil personas más que desean conseguir empleo.

Por otra parte, la tasa de desempleo abierta (qué porcentaje de la fuerza de trabajo no logra conseguir trabajo) sube del 9,3% a un histórico 12%, es decir, cerca de 300 mil personas que no logran satisfacer esta necesidad crítica.

Lo más serio de estos datos, es que el 66% de esos desempleados corresponde a la nueva generación millennial con edades entre 15 y 34 años; el 84% de los desempleados son cesantes, es decir, tenían un empleo y lo perdieron; la tasa de desempleo es mayor en las mujeres (15%) respecto a los hombres (10%) y del total de ocupados (2,2 millones de ocupados), solo 1,5 millones cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social y 700 mil se encuentran en la informalidad.

Estos resultados no pueden ser más que producto de la desaceleración económica creciente que vive el país, llegando a una tasa de crecimiento real de la producción total de apenas un 2,7% (la más baja de las últimas décadas) y peor aún, si se discrimina por las actividades dedicadas al régimen definitivo (aquellas que no tienen ningún tipo de incentivo o beneficio tributario a diferencia de las zonas francas) que apenas crecen, según los últimos datos oficiales del Banco Central, a un ritmo del 0,94% según la tasa interanual a noviembre de 2018.

Ante esta situación crítica y que en mi criterio, debería ser tildada de emergencia nacional y el principal problema económico del país, aprobada ya la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, nuestra Constitución Política no es ciega al respecto y en su artículo 56 establece que: “ …el trabajo es un derecho de todo costarricense y una obligación con la sociedad. Además, manda a que el Estado debe procurar que todos tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa de ella, se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía”.

Técnicamente es demostrable que la falta de empleo es de las principales causas del aumento en la pobreza de una sociedad y además, incrementa la inestabilidad social y política, con efectos negativos en la seguridad e incremento de la delincuencia.

Además, desde un punto de vista económico, el poder de compra de los ingresos de las familias está directamente relacionado con la existencia de un trabajo, pues si no se tiene, sea cual sea la tasa de inflación o crecimiento promedio de los precios, sencillamente esas personas salen del mercado y no pueden comprar ningún bien o servicio, aunque la inflación, como hoy, se ubique por debajo del rango meta fijado por el Banco Central (menor al 2% anual).

En ese sentido, he sido consistentemente critico de los últimos bancos centrales, incluyendo el actual, pues en sus programas macroeconómicos, aunque el artículo 2 de su Ley Orgánica les establece, después del control de la inflación:  “ a) Promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación…” se han limitado simplemente a mencionar la tasa de desempleo abierta reportada por el INEC, sin hacer proyecciones al respecto o mucho menos indicar acciones concretas que estimulen el crecimiento y la generación de oportunidades laborales.

Además, aunque este gobierno ha anunciado por medio de su ministra coordinadora del Consejo Económico, un Plan Nacional de Reactivación Económica, el Programa Macroeconómico recién divulgado, ignora cualquier efecto de este en el crecimiento para los años 2019-2020.

En campaña política, este gobierno en su Programa denominado Creer y Crecer la Costa Rica del Siglo XXI, en las páginas 40-42, asumió una serie de compromisos con el tema del empleo, sin embargo, hasta el momento, para mi gusto, veo acciones aisladas, no coordinadas, consistentes y lo que es quizás más relevante, sin tener una coordinación específica con los sectores productivos del país, con acciones concretas, fechas de cumplimiento y responsables específicos de parte de los sectores público y privado para que estas se ejecuten y comunicar sus avances a la opinión pública en general.

La Encuesta Continua de Empleo revela también que del total de 2,2 millones de ocupados, 1,9 millones están laborando para el sector privado y solo 300 mil en el sector público. Sin embargo, a la hora de analizar el ingreso promedio mensual por dichas labores, en el primero se obtienen ¢361 mil y en el segundo, ¢974 mil.

En teoría económica, la remuneración laboral es una función de la productividad y rendimientos del trabajador, por lo que si estas cifras reveladas por la Encuesta, tuviesen lógica económica detrás, la productividad en el sector público sería casi tres veces superior a la del sector privado. Obviamente esto no es así y viene claramente a demostrar los abusos que se han cometido en las convenciones colectivas estableciendo esquemas de 15 diferentes regímenes salariales y más de 130 pluses o incentivos en el sector público, situación que es insostenible y que debe ser abordada lo más pronto posible con el proyecto de ley de Empleo Público.

Acciones concretas que deben ejecutarse para reactivar el aparato productivo tienen que ver con facilitar el acceso al crédito; procurar un sistema financiero más eficiente y competitivo que ofrezca márgenes de intermediación menores, especialmente en colones, en vez de estar promoviendo leyes de fijación o control de precios que nuestra legislación justifica solo en casos de excepción y de forma temporal; promover la apertura y competencia en el sector eléctrico para que se tengan tarifas más competitivas al sector productivo; promover los encadenamientos productivos para que las mipymes puedan ligarse con los sectores más dinámicos; modificación urgente de los planes de estudios universitarios y técnicos para formar personal acorde con la demanda del mercado; alianzas público-privadas para realización de obra pública; apoyar los esfuerzos de entidades exitosas como CINDE, entre otros, con el proyecto de zonas francas rurales intensivas en mano de obra no calificada; girar directrices claras para que la banca estatal asuma con mayor pasión y urgencia la colocación de fondos de banca para el desarrollo, con esquemas novedosos de factoreo o descuento de facturas siendo pagadores las entidades públicas o grandes empresas del sector privado para agilizar la aprobación y desembolso de estos créditos; no frenar iniciativas que son urgentes y prioritarias como la educación dual, por interpretaciones erróneas de considerarlas como contrato laboral y no civil como debe ser y los ya mencionados proyectos de teletrabajo; jornadas flexibles laborales; pagos proporcionales y graduales de la seguridad social para las mipymes que siguen durmiendo el sueño de los justos en nuestro Congreso.

Por la conformación de las personas que hoy integran el equipo económico del Gobierno soy optimista en que todas estas acciones y otras, están siendo atendidas y coordinadas con el sector privado, aunque para mi gusto, aún sigo sin percibir la pasión, urgencia y ganas para que la reactivación económica y la generación de oportunidades laborales para nuestros jóvenes sea la prioridad número uno en este momento del actual gobierno, en lugar de seguir insistiendo en otros temas más mundanos, que aunque son muy sexis y supuestamente de actualidad, lo cierto es que no dan de comer, ni llevan estabilidad y tranquilidad a nuestros hogares.