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Shelly Tien se cuela en la sala de espera vestida con un jean, una camiseta y zapatos bajos, como si fuera una paciente más que acude a la clínica aquella mañana para hacerse un aborto.
Una vez que atraviesa la puerta que conduce a los consultorios, la ginecóloga y obstetra se pone un uniforme médico púrpura y unos crocs para abordar la consulta de 40 pacientes en la agenda del día.
11 de ellas se someterán a un aborto.
Especializada en medicina materno-fetal, Tien ofrece su consulta en Jacksonville, una ciudad al norte de Florida.
Durante el último año viajó a estados como Alabama y Oklahoma para ofrecer servicios de aborto a pacientes que viven en estados que prohíben o restringen severamente la interrupción del embarazo.
El mapa del acceso al aborto cambió en Estados Unidos a partir de junio del año pasado, cuando la Corte Suprema eliminó la protección nacional a ese derecho y delegó a los gobiernos estatales la potestad de protegerlo o prohibirlo.
Para ayudar a cubrir el vacío ocasionado por la falta de clínicas y médicos especializados en el procedimiento, la doctora Tien se convirtió en una de los 50 médicos que viaja por Estados Unidos para practicar interrupciones al embarazo, según la Federación Nacional del Aborto.
Las leyes que castigan el aborto imponen a los médicos el dilema de descartar o aplazar el procedimiento para prevenir complicaciones o evitar embarazos no deseados, aunque sea la mejor forma de tratar a una paciente, explica Tien.
“Las nuevas leyes han tenido un efecto paralizante entre los médicos y proveedores de asistencia”, afirma durante una pausa entre una consulta y otra.
“¿Quién se va a ocupar de los pacientes si nos persiguen por hacer abortos?”, cuestiona desde su oficina, donde cuelga en una pared las cartas y tarjetas que sus pacientes le han escrito en papeles de colores para agradecer el acompañamiento que les brindó durante sus abortos.
“Nuestro juramento médico y nuestra obligación ética es brindar atención basada en evidencia científica”, dice. “Pero nos están poniendo en una posición muy difícil si las consecuencias de nuestras decisiones son la cárcel o la pérdida de nuestra licencia”.
Los estados que prohíben totalmente el aborto admiten escasas excepciones, como autorizar el procedimiento en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre o del feto están en riesgo.
En Idaho, por ejemplo, proveedores de atención médica demandaron al fiscal general estatal por una opinión legal en la que planteó prohibir a los médicos referir pacientes a otros estados que dispongan de servicios de aborto.
En Texas, el personal médico puede ser demandado, al igual que familiares, amigos o cualquiera que ayude a la paciente a lograr la interrupción del embarazo.
“Los médicos van a retrasar o tal vez incluso negar la atención por temor a que sus intervenciones se malinterpreten de acuerdo con las leyes y sean incompatibles con exenciones tan limitadas”, dice Tien mientras come una galleta, su desayuno de esa mañana.
“Es un dilema innegociable entre la obligación de ofrecer tratamiento oportuno y respetar leyes que no toman en cuenta los innumerables matices del ejercicio médico”.
Durante sus viajes a otros estados, Tien descubrió que, bajo las nuevas restricciones al aborto, sus colegas temen lidiar con los sangramientos en una mujer embarazada durante un turno de guardia.
El sangrado puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, advierte la especialista. Sin embargo, la forma en que se maneja depende de la semana de gestación en la que se encuentre la paciente.
“Si una mujer está cerca de su fecha de parto y tiene un sangrado abundante, es una conversación fácil: recomendamos el parto. Pero si el sangrado es significativo en la semana 8, 12, 16 o 20, ¿qué hacemos?”, se pregunta.
“Vamos a recomendar un aborto para salvar la vida de esa mujer”.
Tien asegura que otra conversación soterrada que se da entre los médicos en clínicas y hospitales en Estados Unidos en este momento es qué hacer si una mujer embarazada rompe fuente.
“Muchos médicos me han dicho que tienen miedo de que durante sus turnos tengan que ver a un paciente con ese tipo de complicación. Y no podrán aconsejarles el estándar de atención por temor a que se interprete erróneamente”.
Más allá de los embarazos no deseados, Tien recuerda que los abortos son tratamientos recomendados para pacientes que afrontan complicaciones médicas que ponen en riesgo su sobrevivencia y la del feto.
No solo los médicos viajan. También lo hacen las pacientes, que se ven obligadas a buscar servicios de abortos en estados donde el procedimiento es legal o se admite en etapas más avanzadas del embarazo.
“He tenido pacientes que me han preguntado: '¿Voy a ser arrestada por hacerme un aborto?'”, dice Tien.
La mayoría de los estados más restrictivos se concentra en el sur del país, algunos limítrofes o cercanos a Florida.
La clínica donde Tien trabaja desde hace tres años en Jacksonville pertenece a Planned Parenthood, una ONG que dispone de la mayor red de centros de salud dedicada a servicios de abortos, salud reproductiva, educación sexual y planificación familiar en Estados Unidos.
El de Jacksonville es el centro de Planned Parenthood más cercano a ocho de los 14 estados del país que impusieron las mayores restricciones a la interrupción del embarazo en el último año.
En medio de las prohibiciones, durante el último año la clínica recibió pacientes de Alabama, Georgia, Mississippi, Misuri, Oklahoma, Tennessee y Texas, explica Jessica Wannemacher, gerente del centro de salud.
El personal sanitario busca que la clínica sea un espacio acogedor e inclusivo, con retratos de parejas trans y homosexuales en las paredes de la sala de espera y mensajes que reivindican el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Sin embargo, fuera de la clínica las políticas estatales de Florida fomentan la hostilidad contra las personas que buscan y practican abortos.
El gobernador Ron DeSantis, precandidato presidencial para las elecciones de 2024, aprobó una ley para vetar la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana de gestación, una medida que Tien y otros especialistas consideran como una prohibición absoluta, dado que muchas mujeres no saben que están embarazadas para esa fecha.
Se espera una decisión de la Corte Suprema de Florida sobre esta normativa. Mientras tanto, el aborto es legal en el estado hasta la semana 15 del embarazo.
Si finalmente se prohíbe el aborto a partir de la semana seis en Florida, la doctora Shelly Tien considerará la posibilidad de mudarse a otro estado.
“Si no puedo ejercer plenamente en Florida, tendré que irme de aquí”.
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