Que cada palo aguante su vela

Que cada palo aguante su vela

Se han ido presentando situaciones que han involucrado a funcionarios de la no frondosa enredadera estatal y burocrática que hemos ido creando durante los últimos 70 años.

En todos y cada uno de estos casos, ha resaltado sobre las posibles sanciones a las que se ve expuesto un funcionario por actos, dentro o fuera de su ámbito de trabajo, pues la condición de ser un servidor del Estado, no cesa con su salida de las horas laborales.

Los funcionarios tienen el deber de ser probos durante las horas que cumplen con sus funciones, o fuera de ellas.

Fue público y notorio el caso de un odontólogo, jefe de un departamento en uno de los hospitales de la GAM, que en un exabrupto, precedido por varios otros, hizo publicaciones ofensivas a una de las diputadas de la República y con quien discrepa en sus posiciones políticas y religiosas.

El Viceministro de Planificación, personaje muy activo en Twitter, y poco después de que asumió dicho cargo, hizo comentarios sobre el nombre de una ciudadana a quien le criticó su nombre, y posteriormente hizo también comentarios de burla contra la expresidenta Chinchilla.

Este mismo caso tiene conexión con una publicación de una asesora de la diputada por San José del PAC, hija de la vicepresidenta Chacón.

El caso del asesor legislativo de Restauración Nacional, quien al parecer ha estado administrando la página del grupo Costa Rica Unida, durante sus horas de trabajo y desde el despacho donde presta sus servicios.

Funcionarios de Hacienda, aparentemente incluido el Ministro anterior, y vicepresidente de la República, omitieron incorporar en el presupuesto nacional para 2018, montos correspondientes a pagos que debían cumplirse, dejando el hueco fiscal al que nos referíamos en la entrega anterior.

Este mismo exministro de Hacienda ante la Comisión respectiva de la Asamblea Legislativa, bajo juramento, indicó no haber tenido conocimiento de tal situación, y posteriormente ha sido desmentido por subalternos incluso con prueba documental en la mano.

La Ministra de Hacienda, con aval del Presidente de la República, procedió a efectuar cancelaciones de obligaciones del Estado, en afán de no exponer a Costa Rica a entrar en una cesación de pagos, debido al hueco fiscal heredado de la administración Solís Rivera. Se violentó la Constitución Política con dicho acto.

Quien ejerciera la Presidencia de 2014 a 2018, hoy cuestionado por actuaciones u omisiones que salieron a la luz con el caso del cementazo, hoy es investigado por la Fiscalía en causas relacionadas a dichos hechos, y se estudia el tema del faltante del presupuesto por las deudas que se heredaron a esta administración y que se mantuvieron en sigilo hasta que se publicó por la prensa de esa existencia.

Procuradores, que por errores procesales omitieron recurrir un fallo que costó al Estado un par de cientos de millones de colones, y que con pompa fueron cancelados a pocos días de que finalizar la gestión de la hermana del ganador, y que a su vez decidieron omitir analizar parte de la documentación y prueba del Informe de la Comisión que investigó el cementazo, y que pone en conocimiento al Legislativo en una fecha que, aparte de inoportuna, no permitió conocerse por parte del Directorio entrante, situación que favoreció al expresidente.

El expresidente Arias hoy enfrenta una causa en sede penal, por la firma del Decreto que declaraba de interés nacional el proyecto, y que favorecía a la empresa concesionaria para extraer oro de Crucitas.

La normativa tanto a nivel penal, como a nivel administrativo, garantiza la posibilidad de defenderse a los funcionarios que sean sujetos de alguna investigación, el debido proceso, pero de igual manera debe garantizar que los intereses del Estado estén también tutelados.

En la era de la comunicación, cuando la información la tenemos prácticamente en la palma de la mano, y lo que publicamos o manifestamos puede circular muy fácilmente, los funcionarios deben ser muy cuidadosos con sus participaciones y publicaciones en redes sociales, así como lo deben ser en el ejercicio de sus funciones.

Que cada palo aguante su vela.

En la función pública no hay espacio para exabruptos, un simple desliz puede exponerles a procesos que les pueden comprometer su patrimonio, su plaza, y hasta su libertad.