Es importante que superemos este periodo de confusión definiendo responsabilidades, logrando un acercamiento entre empresa, taxistas y gobierno que garantice libertad de comercio pero también el Estado de Derecho
 

ProtUBERante

Preocupa la tensión desmedida, que se ha tornado en violencia material, en torno a Uber. El choque de posiciones a favor y en contra, se está desbordando y es hora de que la administración Solís actúe para contener pasiones, restaurar el orden y evitar que esto trascienda más.
De acuerdo con Francisco Rubira, quien escribe para El Confidencial, Uber es una empresa “que proporciona una red de transporte a cualquier persona a través de una aplicación móvil”. Esta definición basta por ahora, ya que en otra columna le entraremos al tema de la aproximación legal —o falta de ella— en torno a la empresa.
Lo urgente es que hay una dialéctica perversa que se ha apoderado del ingreso de Uber. Aquellas fuerzas que nos dividieron en dos bandos debido al TLC, vuelven a aparecer y desvirtúan cualquier discusión racional sobre como Uber impacta el entorno.
En un extenso “análisis” el diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, parte de la premisa que “tarde o temprano, la empresa estadounidense UBER se acogerá a las opciones que le permite el CAFTA (Capítulo 11)... una eventual prohibición de la actividad nos llevaría directo a una controversia Inversionista-Estado, tal como lo adelantamos hace 8 años.” Así entonces, Uber es el primero de los jinetes del Apocalipsis que nos anunciaron los abanderados del No.
La empresa tampoco ayuda acogiéndose a la figura de las comunidades de autoabastecimiento para justificar su operación. Lejos de lo interesante que pueda ser la discusión jurídica de si este concepto, no definido por ley, le permite a Uber operar como un servicio privado sin regulación estatal, deviene en una nebulosa que más bien les perjudica por su falta de precisión.
Al medio, está la novel figura del Viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, quien ha sido la primera línea de defensa de la administración Solís en torno a Uber.
Urbina, de forma sostenida y argumentada, ha dicho que “cualquier vehículo que haga transporte remunerado de personas tiene que ser amparado a un permiso del Consejo de Transporte Público (CTP).”
Además, se ha distanciado de la vinculación política y demagógica que lo ha relacionado con los actos de violencia suscitados el viernes, pidiendo más bien que el Ministerio Público aplique la ley contra los responsables.
Es importante que superemos este periodo de confusión definiendo precisamente responsabilidades, logrando un acercamiento entre la empresa, los taxistas y el gobierno que garantice la libertad de comercio pero también el Estado de Derecho.
Dejemos de lado el interés por revivir luchas que ya decidimos votando, no peleando.

Pedro Oller
 

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