Proponen declarar emergencia nacional infraestructura vial

Con la intención de superar el rezago en infraestructura que afecta la competitividad del país, Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, presentó un proyecto de ley para declarar emergencia nacional.

La iniciativa permitiría al Gobierno utilizar el procedimiento de urgencia contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y de esta forma, hacer contrataciones directas.

También obligaría a las instituciones públicas a darles un trámite preferente a las obras de infraestructura que se definan como prioritarias.

Se pretende reducir a la mitad el tiempo que pasa entre la planeación y la puesta en ejecución de una obra, aseveró Redondo.{l1}pensiones_son_mina_de_oro_para_financiar_infraestructura{/l1}

Eso sí, la normativa solo podría utilizarse para los proyectos que se autoricen expresamente en la ley, con el objetivo de no dejar un portillo legal abierto que favorezca la corrupción.

En principio, Redondo propone que se declare emergencia nacional para la Ruta San José-San Ramón, la ampliación de la Ruta 32 a Limón, las mejoras en la Florencio del Castillo-Garantías Sociales, Circunvalación Norte, Bernardo Soto-Sifón y Palmar Norte-Paso Canoas, entre otras rutas.

“Nuestra administración se encuentra lejos de ser eficiente y rápida porque su estructura técnico-jurídica, se encuentra saturada de controles, una pésima gestión administrativa o procedimientos alambicados para el desarrollo de proyectos. Una de las principales causas del atraso de la infraestructura vial es la falta de una buena y adecuada planeación para el cumplimiento de los objetivos”, agregó Redondo.{l2}infraestructura_esta_entre_peores_del_mundo{/l2}

Para evitar que desde la administración pública se dé un atraso, la iniciativa también establece una multa de hasta ¢5,2 millones, para aquel burócrata, que por negligencia, impericia, dolo o desidia comprobada, retrase injustificadamente los proyectos.

El régimen excepcional de infraestructura permitiría dinamizar la economía, generar empleo y estimular la inversión, en momentos en que el Gobierno requiere cobrar más impuestos para mitigar el efecto del déficit.

Costa Rica tiene un rezago en infraestructura de unos 30 años, y actualmente ocupa el puesto 106 de 114 a nivel de infraestructura en general, y el lugar 119 en carreteras, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global.

La propuesta de Redondo ayudaría a destrabar varios proyectos que no han podido avanzar con celeridad, como es el caso de la Ruta 32, la carretera hacia San Ramón y la autopista Florencia del Castillo.