"Proceso de apertura de telecomunicaciones es transparente"
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 17 febrero, 2010
Procedimiento para licitar las frecuencias celulares es fiscalizado por Contraloría y Procuraduría de la República, alega BLP Abogados
“Proceso de apertura de telecomunicaciones es transparente”
El señalamiento hecho contra la Sutel es una acción para demorar la apertura, consideró Luis Castro, socio del bufete
Una contratación indirecta y haber ofrecido sus servicios en tiempos diferentes no significa que existiera un conflicto de intereses en la prestación de servicios de BLP Abogados a las firmas que atendieron directamente a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y a la telefónica Digicel.
Esta afirmación surge luego de una serie de menciones en las cuales se señala que la Sutel cometió un error al contratar a una empresa como asesora, cuando también brindó servicios a una telefónica.
BLP Abogados fue subcontratado en 2005 por un bufete estadounidense, para que registrara las marcas de la empresa; siendo este un trámite registral meramente, y no una asesoría en telecomunicaciones.
En ese momento, la empresa que los contrató les entregó un poder especial limitado para la inscripción de las marcas ante el Registro Público, que caducó en 2008 al finalizar dichos trámites, explicó Luis Castro, socio de BLP Abogados.
Esa relación terminó en octubre de 2008; y prácticamente un año después, la consultora internacional TMG —radicada en Washington y ganadora del concurso que se realizó— pidió apoyo a BLP —como subcontratados—, para que la asesorara en materia de derecho público y administrativo para diseñar el cartel que la Sutel requería para licitar las frecuencias para telefonía celular.
“Está claro que no existe un conflicto de intereses. Nunca tuvimos relación directa con Digicel ni con la Sutel, incluso la asesoría fue en momentos muy diferentes. Los servicios tampoco tuvieron que ver en nada, uno fue un proceso registral y el otro apoyo en materia de derecho público”, defendió Luis Castro, socio de BLP Abogados.
Apelando a esos hechos, consideran que la Sutel nunca incurrió en un error al contratar a TMG, empresa que desde un inicio hizo del conocimiento del regulador que BLP asesoraría en la materia de derecho público y administrativo.
Incluso, afirman que este trabajo no tiene ninguna semejanza con el registral brindado por subcontratación a Digicel.
“Nuestra relación con la empresa que nos contrató para el tema de marcas de Digicel terminó un año antes de ofrecer servicios a TMG. No tenemos ningún tipo de contacto con Digicel, nunca lo asesoramos directamente, y tampoco participamos en ningún detalle del cartel por lo que no hay tal conflicto de interés”, destacó Castro.
Uno de los requisitos exigidos por la máxima autoridad en telecomunicaciones era que las empresas no prestaran en ese momento ni a futuro servicios de telefonía; algo que nunca sucedió. No existe conflicto de interés legal, ni moral.
“Está claro que es una denuncia infundada hecha con el propósito de retrasar un proceso que tiene muchos intereses y oposición al tratarse de la apertura”, complementó Rafael Manzanares, socio de BLP Abogados.
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
“Proceso de apertura de telecomunicaciones es transparente”
El señalamiento hecho contra la Sutel es una acción para demorar la apertura, consideró Luis Castro, socio del bufete
Una contratación indirecta y haber ofrecido sus servicios en tiempos diferentes no significa que existiera un conflicto de intereses en la prestación de servicios de BLP Abogados a las firmas que atendieron directamente a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y a la telefónica Digicel.Esta afirmación surge luego de una serie de menciones en las cuales se señala que la Sutel cometió un error al contratar a una empresa como asesora, cuando también brindó servicios a una telefónica.
BLP Abogados fue subcontratado en 2005 por un bufete estadounidense, para que registrara las marcas de la empresa; siendo este un trámite registral meramente, y no una asesoría en telecomunicaciones.
En ese momento, la empresa que los contrató les entregó un poder especial limitado para la inscripción de las marcas ante el Registro Público, que caducó en 2008 al finalizar dichos trámites, explicó Luis Castro, socio de BLP Abogados.
Esa relación terminó en octubre de 2008; y prácticamente un año después, la consultora internacional TMG —radicada en Washington y ganadora del concurso que se realizó— pidió apoyo a BLP —como subcontratados—, para que la asesorara en materia de derecho público y administrativo para diseñar el cartel que la Sutel requería para licitar las frecuencias para telefonía celular.
“Está claro que no existe un conflicto de intereses. Nunca tuvimos relación directa con Digicel ni con la Sutel, incluso la asesoría fue en momentos muy diferentes. Los servicios tampoco tuvieron que ver en nada, uno fue un proceso registral y el otro apoyo en materia de derecho público”, defendió Luis Castro, socio de BLP Abogados.
Apelando a esos hechos, consideran que la Sutel nunca incurrió en un error al contratar a TMG, empresa que desde un inicio hizo del conocimiento del regulador que BLP asesoraría en la materia de derecho público y administrativo.
Incluso, afirman que este trabajo no tiene ninguna semejanza con el registral brindado por subcontratación a Digicel.
“Nuestra relación con la empresa que nos contrató para el tema de marcas de Digicel terminó un año antes de ofrecer servicios a TMG. No tenemos ningún tipo de contacto con Digicel, nunca lo asesoramos directamente, y tampoco participamos en ningún detalle del cartel por lo que no hay tal conflicto de interés”, destacó Castro.
Uno de los requisitos exigidos por la máxima autoridad en telecomunicaciones era que las empresas no prestaran en ese momento ni a futuro servicios de telefonía; algo que nunca sucedió. No existe conflicto de interés legal, ni moral.
“Está claro que es una denuncia infundada hecha con el propósito de retrasar un proceso que tiene muchos intereses y oposición al tratarse de la apertura”, complementó Rafael Manzanares, socio de BLP Abogados.
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net