Presionan a sindicatos para renegociar convenciones

Si los sindicatos no quieren perder los beneficios que disfrutan a través de las convenciones colectivas, deberán sentarse a negociar una reducción de sus privilegios, ya que estos no se mantendrán vigentes si los líderes gremiales se niegan a debatir, o bien, si se detecta una actitud de bloqueo en las conversaciones.
La presión que hace el Gobierno sobre los trabajadores del sector público, representa un cambio sustancial en la forma como se han renegociado las convenciones colectivas durante años, ya que en el pasado, el Estado permitió que los beneficios siguieran activos sin importar que los sindicatos se levantaran de la mesa de negociación, incluso por años.
El nuevo criterio del Ministerio de Trabajo permitiría el recorte unilateral de los beneficios, tal y como sucedió a mediados de setiembre, cuando se eliminó completamente la convención colectiva de la Municipalidad de San Pedro, la cual, incluía beneficios como una cesantía sin tope de años.
La advertencia que lanza el Ministerio de Trabajo llega en momentos en que el gobierno de Luis Guillermo Solís tiene denunciadas varias convenciones como las de Recope, Japdeva e INA y espera que el plazo de otras se venza, para revisar los supuestos abusos.
En el caso de Japdeva, por ejemplo, se pretende recortar unos ¢7 mil millones al año en incentivos, mientras que en Recope también se estima una reducción similar.

“Consideramos que no es válido que los beneficios se mantengan activos si no hay conversaciones, al igual que si detectamos una posición de intransigencia, ya que el Estado debe tener la oportunidad de oponerse”, dijo Víctor Morales, ministro de Trabajo.
En caso de que no haya un acuerdo entre sindicatos y la institución respectiva, el patrono tiene el derecho de remitir el expediente a un juzgado y a partir de ahí, los privilegios de las convenciones ya no estarían vigentes.
El costo de las convenciones colectivas ha sido motivo de debate en los últimos meses, a tal punto, que los sindicatos denunciaron una campaña de “terrorismo” en su contra.
Mientras tanto, los trabajadores consideran ilegal la resolución del Ministro de Trabajo, ya que todo derecho laboral debe ser progresivo y no regresivo.
Asimismo, hacen un llamado al Presidente para que no acoja el criterio de Morales, como una posición de gobierno.
“Al margen de que si los beneficios son abusivos o no, nosotros peleamos la institucionalidad de la convención colectiva, la cual no se puede violentar unilateralmente como ha dicho Morales. Si se procede esta forma, sería una ilegalidad absoluta”, manifestó Mario Rojas, secretario de la Confederación Rerum Novarum.