Presión recae sobre cabeza de Aresep
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Sábado 02 junio, 2012
Críticas de grupos por gestión de precios de servicios públicos
Presión recae sobre cabeza de Aresep
Organizaciones, sindicatos y diputados piden a Presidenta valorar cambio de jerarca
Una disconformidad creciente con la labor de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) empieza a generar una fuerte presión sobre esa institución.
Organizaciones de consumidores, grupos sindicales y diputados de la oposición lanzan sus dardos contra la Aresep y sugieren a Laura Chinchilla, presidenta de la República, un cambio en la jerarquía de la institución.
Entre las críticas más fuertes, se encuentra el alquiler de un edificio en Guachipelín de Escazú por más de ¢1.000 millones al año.
Otros cuestionamientos están relacionados con el crecimiento de la planilla administrativa y de puestos de dirección.
“La falta de liderazgo en la Aresep ha provocado que esa institución funcione desordenadamente, perjudicando con ello a los usuarios, lo cual es culpa del señor regulador Dennis Meléndez. Nosotros esperamos que doña Laura mire con ojos de misericordia a los usuarios y designe a otra persona”, expresó Erick Ulate, representante de Consumidores de Costa Rica.
La REPUBLICA trató de conocer la opinión de Meléndez, pero al cierre de edición no devolvió los mensajes dejados.
El precio de los servicios del agua, transporte público, electricidad y telecomunicaciones, entre otros, son fijados por la Aresep, la cual se financia por medio de cánones a las instituciones que regula.
A final de cuentas, el cobro de esos cánones se traslada al consumidor, pues estos se contemplan a la hora de fijar los precios de los servicios públicos.
La semana pasada, la Sala IV declaró ilegal el sistema que utilizó la Aresep para aumentar los pasajes de los buses, lo cual generó nuevas críticas por parte de sus detractores.
A todo ello, se suma un desbocado incremento en el presupuesto de la Aresep, el cual pasó de ¢2.948 millones a ¢14.672 millones en cinco años, tal como denunció LA REPUBLICA a mediados de mayo.
“El crecimiento de su presupuesto desde 2007, no se ajusta a los momentos de estrechez económica del país. La regulación que se ha implementado, es como si Costa Rica fuera parte de la Unión Europea y no un país en vías de desarrollo”, se quejó Albino Vargas, secretario de la Asociación de Empleados Públicos y Privados.
Mientras tanto, en el Congreso varios diputados de oposición como Luis Fishman, de la Unidad Social Cristiana, y Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), anuncian investigaciones políticas sobre la Aresep.
“Pienso que en los últimos años se desvirtuó el fundamento por el que estaba constituida la Aresep, vemos cómo crecen el presupuesto y su planilla, pero la actividad reguladora no mejora”, concluyó Oviedo.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Presión recae sobre cabeza de Aresep
Organizaciones, sindicatos y diputados piden a Presidenta valorar cambio de jerarca
Organizaciones de consumidores, grupos sindicales y diputados de la oposición lanzan sus dardos contra la Aresep y sugieren a Laura Chinchilla, presidenta de la República, un cambio en la jerarquía de la institución.
Entre las críticas más fuertes, se encuentra el alquiler de un edificio en Guachipelín de Escazú por más de ¢1.000 millones al año.
Otros cuestionamientos están relacionados con el crecimiento de la planilla administrativa y de puestos de dirección.
“La falta de liderazgo en la Aresep ha provocado que esa institución funcione desordenadamente, perjudicando con ello a los usuarios, lo cual es culpa del señor regulador Dennis Meléndez. Nosotros esperamos que doña Laura mire con ojos de misericordia a los usuarios y designe a otra persona”, expresó Erick Ulate, representante de Consumidores de Costa Rica.
La REPUBLICA trató de conocer la opinión de Meléndez, pero al cierre de edición no devolvió los mensajes dejados.
El precio de los servicios del agua, transporte público, electricidad y telecomunicaciones, entre otros, son fijados por la Aresep, la cual se financia por medio de cánones a las instituciones que regula.
A final de cuentas, el cobro de esos cánones se traslada al consumidor, pues estos se contemplan a la hora de fijar los precios de los servicios públicos.
La semana pasada, la Sala IV declaró ilegal el sistema que utilizó la Aresep para aumentar los pasajes de los buses, lo cual generó nuevas críticas por parte de sus detractores.
A todo ello, se suma un desbocado incremento en el presupuesto de la Aresep, el cual pasó de ¢2.948 millones a ¢14.672 millones en cinco años, tal como denunció LA REPUBLICA a mediados de mayo.
“El crecimiento de su presupuesto desde 2007, no se ajusta a los momentos de estrechez económica del país. La regulación que se ha implementado, es como si Costa Rica fuera parte de la Unión Europea y no un país en vías de desarrollo”, se quejó Albino Vargas, secretario de la Asociación de Empleados Públicos y Privados.
Mientras tanto, en el Congreso varios diputados de oposición como Luis Fishman, de la Unidad Social Cristiana, y Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), anuncian investigaciones políticas sobre la Aresep.
“Pienso que en los últimos años se desvirtuó el fundamento por el que estaba constituida la Aresep, vemos cómo crecen el presupuesto y su planilla, pero la actividad reguladora no mejora”, concluyó Oviedo.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net