Presión sobre intereses continuará el próximo semestre
"El déficit fiscal presiona al alza las tasas de interés, pero eso también significa un crecimiento más rápido de la deuda pública, por lo que esas variables tienen una vinculación muy estrecha", aseguró Alberto Franco, economista. Gerson Vargas/La República.
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La revisión del programa macroeconómico del Banco Central dada a conocer esta semana generó preocupación en los deudores, ya que las tasas de interés seguirán presionadas al alza durante el segundo semestre del año, como consecuencia de un mayor déficit fiscal.

En diciembre del año pasado, la proyección era del 5,3% pero la previsión de julio es que llegue a un 6,1%.

“El mayor déficit fiscal para el próximo año y medio tendrá consecuencias en la liquidez y en las tasas de interés en ambas monedas. 

Además, existirá una mayor incertidumbre económica y el año electoral pasará su factura sobre el consumo y las distintas actividades económicas que componen al Producto Interno Bruto (PIB)”, dijo Adriana Rodríguez, gerente de Análisis Económico de Scotiabank.

La tasa básica pasiva se ubicaba en 4,45% en enero y subió al 5,95% en agosto y esta tendencia al alza continuará.

"Las tasas de interés serán más altas en este segundo semestre que en el primero. Principalmente, porque el efecto de traspaso de las alzas en la tasa de Política Monetaria de meses recientes aún no está completo. Es previsible un alza adicional en la tasa activa promedio en el sistema financiero, lo cual pesará sobre la demanda de crédito. La cantidad de préstamo disponible, en colones, posiblemente será menos abundante”, aseguró Alberto Franco, economista.

Este posible incremento en los intereses contraerá la demanda de crédito que estaba prevista en diciembre en 7,9% y se disminuyó en la revisión del programa macroeconómico al 6,9%.

El cambio en la previsión del Banco Central se da principalmente porque el Ministerio de Hacienda continuará atendiendo los requerimientos con la colocación de bonos de deuda interna (colones y dólares).

Además, a las sentencias de la Sala Constitucional que obligan al Gobierno a hacer efectivas mayores transferencias corrientes para cumplir con los mandatos constitucionales y legales.

Entre ellas, completar el 8% del PIB para el financiamiento de la educación y trasladar el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia.

“El déficit fiscal será, sin duda alguna, la piedra en el zapato para la estabilidad económica costarricense y no se ve por ningún lado una solución definitiva”, añadió Melvin Garita, economista.

El financiamiento del déficit fiscal acentúa la trayectoria creciente de la deuda pública que llegará a un 45,4% del PIB del Gobierno central.

La mayor deuda fue atendida por la Tesorería Nacional, durante el primer semestre, con la colocación neta de bonos de deuda interna, en mayor medida, en el sector privado (fondos de pensión e inversión) y con parte de los fondos depositados por el Banco Central.

En lo que resta del año es posible que dada la disponibilidad de los fondos prestables en la economía, la mayor competencia por la captación de recursos por parte del Gobierno, podría presionar al alza las tasas de interés locales y reducir las oportunidades de financiamiento del sector privado, asegura el informe del Banco Central.

A junio de este año, el déficit acumulado fue de un 2,4% del PIB (2,2% el año previo) tras un menor crecimiento en los ingresos tributarios (6,8%) y una aceleración en el gasto (9,9%).

En la evolución de los ingresos incidió la desaceleración en la recaudación del impuesto de ventas tanto internas (2,7%) como en aduanas (3,9%), congruente con el menor crecimiento de la actividad económica.

La expansión del gasto gubernamental respondió a la aceleración de las transferencias corrientes y de capital y al incremento en el pago de intereses, especialmente de la deuda interna.

El Banco Central reiteró la urgencia de que los distintos actores de la sociedad interioricen la gravedad y riesgos asociados al deterioro y posición insostenible de las finanzas públicas y que se busquen consensos nacionales sobre una reforma fiscal estructural.

 

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