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"Presidente tendrá que explicar elevados costos por exclusión de empresas chinas", Leiner Vargas

Consecuencias financieras y económicas enfatizan necesidad de reconsiderar políticas, de acuerdo con investigador de la UNA

Andrei Siles asiles@larepublica.net | Lunes 22 enero, 2024 07:13 p. m.


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Archivo-Elaboración propia/La República


Las ofertas presentadas por distintas empresas a la licitación de 5G publicada por el Instituto Costarricense Electricidad (ICE) confirma, sin lugar a dudas, las conclusiones incluidas en el estudio realizado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) sobre el decreto de ciberseguridad para esta red y su impacto negativo para el país, según Leiner Vargas, investigador y economista de dicho centro.

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“Como bien ha dicho el Presidente, los números hablan por sí solos. Ahora, le toca a usted explicarle al pueblo costarricense cómo justifica el incremento de, al menos, el doble de los costos en las compras de 5G del ICE y el impacto que tendrá en las tarifas”, indicó Vargas en un reciente artículo de opinión en el medio digital Mundodiario.

Como se recordará, el Cinpe-UNA identificó cinco consecuencias de retrasar la entrada de 5G por restricción a empresas asiáticas.

Las restricciones a los proveedores asiáticos, y en particular a la empresa Huawei, de participar en la licitación de los equipos y el mantenimiento de las redes 5G en Costa Rica tendría efectos significativos financieros para los operadores de telefonía celular, y un muy alto impacto económico y social para el país.

Entre los hallazgos de la “Evaluación del impacto económico de la exclusión de proveedores en las inversiones de la red 5G en Costa Rica” destacan siete elementos que preocupan a los académicos:

  1. La implementación del decreto podría traducirse en la necesidad de un incremento de inversión de aproximadamente $1,4 mil millones en un período de cinco años, al tiempo que generaría un atraso en la implementación de 5G hasta en cuatro años adicionales.
  2. Si se lleva a cabo el despliegue 5G sin restricciones, su inversión contribuiría con $1,5 mil millones al PIB, en cinco años; mientras que, con el decreto, la contribución llegaría apenas a $190 millones.
  3. Entre las industrias más afectadas por los retrasos de la entrada en vigor de 5G destacan la manufacturera, Tecnologías de Información y Comunicación, comercial y la Administración Pública.
  4. Al integrar los efectos de costos adicionales de inversión en un modelo tarifario medio de la industria, las tarifas en telefonía podrían elevarse hasta en un 40% adicional con la implementación del decreto.
  5. A raíz de esto último, la brecha tecnológica existente en perjuicio de zonas rurales y segmentos de menor ingreso relativo podría ampliarse, adicional a que la no implementación a tiempo tendría efectos de pérdida de oportunidades de inversión y empleo.

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“Los datos sobre el costo económico resultantes de la exclusión de proveedores asiáticos en las licitaciones de tecnología 5G implican un costo adicional para Costa Rica que se traducirá en precios más altos tanto para las empresas como para los usuarios finales de esta tecnología”, añadió Vargas.


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