Costa Rica a nivel centroamericano es el país con la mayor extensión de red vial

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¿Por qué concesión de obra pública?

El conflicto de la concesión San José – San Ramón ha puesto sobre la agenda pública dos factores importantes que la sociedad costarricense no puede desconocer: a) un déficit en materia de infraestructura y b) el cuestionamiento sobre el modelo de concesión pública.
En la mente de la mayoría de la ciudadanía domina el recurrente reclamo de “qué hace el Gobierno con nuestros impuestos”, pero se desconoce que somos una cultura proclive a la evasión fiscal, eso sin destacar además que somos uno de los países con la menor carga tributaria de toda Centroamérica.
Igualmente no se toma en consideración que aun cuando el gobierno ha reducido el déficit fiscal, se ha mantenido e incrementado la inversión social.
En cuanto al déficit de infraestructura se debe considerar que el rezago constituye una herencia histórica dada entre un gobierno y otro. En síntesis ha faltado una política de estado que supere la visión de gobierno. Costa Rica a nivel centroamericano es el país con la mayor extensión de red vial.
Por otra parte, se debe considerar que lo que le permite a sus habitantes movilizarse a diversos puntos del territorio nacional en forma ágil y oportuna, implica además una fuerte inversión en mantenimiento y desarrollo.
Esta situación nos lleva inmediatamente al segundo punto.
El desarrollo de más y mejores carreteras es posible por una inversión propia, sea con recursos propios o empréstitos, o bien mediante el mecanismo de concesión.
No se puede obviar que la inversión del actual gobierno en infraestructura ha sido de las más grandes de la historia de la administración pública costarricense, pues se han asegurado más de $2.300 millones, para la recuperación y creación proyectos viales.
Construcciones que son posibles por los recursos de empréstitos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Corporación Andina de Fomento; sin embargo, aún insuficientes para satisfacer la creciente y compleja demanda social que tiene Costa Rica.
Las soluciones que puede dar la administración pública se encuentran prisioneras de: a) capacidad presupuestaria, y b) la complejidad de los procedimientos de contratación administrativa como las licitaciones públicas.
Ante ello, surge el modelo de concesiones públicas que goza también de una amplia trayectoria exitosa en diversos países de América Latina.
Por esencia el modelo implica que el financiamiento corre a cargo del constructor de la obra, que luego recupera mediante el pago de tarifas por parte de los usuarios.
Por tanto, asumir una posición de rechazo radical al modelo de concesión pública implica profundizar en el déficit de respuestas a los grandes problemas viales que tiene el país, así como hacer una apuesta a un mayor endeudamiento y por ende subir la carga tributaria al pueblo costarricense.
Los problemas hasta ahora enfrentados con el modelo de concesión de obra pública no nos deben llevar a condenar esta valiosa alternativa, o a renunciar a ella, debemos superar las discusiones viscerales del momento y poner en la balanza el interés general como las posibilidades de desarrollo que tiene nuestro país.

Leonardo Brenes Muñoz
Analista político