Populismo: la destrucción del Estado de derecho

Sinceramente

Populismo: la destrucción del Estado de derecho

Pocas barreras nos libran del populismo como el Estado de derecho. Por definición el Estado de derecho es el campo donde la fuerza de la razón es la que prevalece, y nunca las razones de la fuerza. El Estado de derecho es la seguridad de los débiles.

El Estado de derecho impide que la fuerza y los atropellos se materialicen en perjuicio de alguna persona. Este evita que los abusos se impongan a los derechos y a la justicia. Es el Estado de derecho el que nos separa de las sociedades primitivas, el que nos diferencia de las sociedades sanguinarias, el que marca la diferencia entre el vivir en temor de los abusos ajenos y la seguridad de saber a qué atenernos. Nuestro Estado de derecho no es perfecto. Hay que fortalecerlo, nunca destruirlo.

Los populistas se valoran mejores jueces que el Poder Judicial, se consideran por encima de las leyes y procesos, juzgan a todos y solo ellos se consideran correctos.

No son pocos los que querrían que el Estado de derecho terminara sus días y dejara el campo abierto para las razones de fuerza del populismo. El populismo acusa, juzga, condena y ejecuta todo en un acto. El populismo descarta las leyes y los procesos. El populismo acusa a quienes se le oponen y destruye de manera preventiva a todos aquellos a quienes pueden resultarle un peligro o un estorbo. El populismo desea instaurar la reversión de la prueba. Desea que todos los acusados se consideren culpables hasta que ellos comprueben su inocencia.

Proyectos como la Ley de Extinción de Dominio expediente legislativo 19571 encajan dentro de este populismo que pretende la reversión de la prueba, que pretende juzgar culpable al poseedor de los bienes, el que pretende hacer que las personas prueben el origen de lo que poseen. Así las cosas, en los linchamientos políticos los bienes de quienes sean imputados serán además confiscados. El populismo nazi en Alemania no requirió de aprobar muchas leyes. Todas estas ya vigentes fueron reinterpretadas por el populismo punitivista que logró el resto.

El populismo nombrará a sus jueces para que hagan las interpretaciones y dicten jurisprudencia. El populismo llevó en los años 40 a Roland Freisler a ser juez, quien escenificaba farsas judiciales contra los adversarios del régimen. El juez Freisler hacía exactamente eso, adaptar la interpretación de las leyes a las necesidades de encausar y destruir a cualquiera, irrespetando el espíritu del legislador y la jurisprudencia.

Las leyes son para evitar que los inocentes sean víctimas del poder. Los frenos y contrapesos están diseñados para que el poder nunca esté en manos de un solo individuo. El Estado de derecho es la muralla que separa la arbitrariedad y el abuso del populismo al que sirvió Roland Freisler.

El Estado de derecho en Costa Rica tomó cuerpo y desarrolló en los costarricenses una cultura de respeto por la ley, fiscalía y juzgado que han mantenido al país en la seguridad jurídica.

Se percibe en el aire de nuestros tiempos el populismo punitivista. Corre en nuestros días la agitación política por lograr la sustitución del principio de presunción de inocencia por el de presunción de la culpabilidad. A los costarricenses de nuestros días les basta acusar para que aquellos acusados sean culpables. Aún aquellos sobreseídos resultan culpables para los costarricenses de hoy. Odio, rabia e ira parecen pesar más que la razón y el debido proceso. Los costarricenses parecen buscar vengarse, no hacer justicia.

Los linchamientos mediáticos han tenido por efecto directo el debilitamiento institucional. Al no haberse dado coincidencia entre los linchamientos y las sentencias producto de los juicios formales, quienes buscan destruir el Estado de derecho, lejos de condenar los linchamientos han vuelto sus críticas y acusaciones contra los estrados, fiscales, jueces y magistrados. Así vemos cómo se justifica el linchamiento y se critica el debido proceso.

Es claro el interés político de destruir el Estado de derecho para ejercer poder, no justicia. Destruir el Estado de derecho es destruir el sistema, es acabar con la democracia representativa e instaurar cuando menos un régimen autoritario, ellos lo saben.

Hay interés en que sean el poder, el linchamiento, el espectáculo y la destrucción los que prevalezcan, nunca la justicia, la moderación, el proceso y la representación política ante un parlamento.

Costa Rica debe mejorar y fortalecer la institucionalidad en la que fallas y grietas se han encontrado. Costa Rica debe combatir la impunidad. El país debe preocuparse por que la justicia sea pronta y cumplida. La institucionalidad legal debe robustecerse.

Los cambios y mejoras legales deben buscarse e introducirse. Las leyes dictadas por los diputados deben ser cada día más rigurosas y mejores en su redacción, propósitos y realismo. Este es un proceso que comienza con el legislador y concluye con el juez, pero frenos y contrapesos, procesos y apreciación de la prueba con prontitud para impartir justicia cumplida deben ser la vía de país. Nuestro Estado de derecho debe perfeccionarse.

Por Costa Rica hay que trabajar duro. No se destruyen personas ni se debilita la institucionalidad para que el país marche mejor. Propuestas y argumentos, planteamientos e intercambios serenos para buscar y alcanzar consensos es la ruta democrática a seguir para mejorar lo nuestro. La elección de quienes harán esta tarea deberá ser producto de la reflexión y el pensamiento.

Profesor

ebruce@larepublica.net