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Cambios a funciones de alto tribunal son respaldados por mayoría de diputados
Poder de Sala IV será limitado
Reforma plantea que ciudadanos solo recurran ante magistrados si ya han agotado todas las instancias anteriores
Los fallos recientes de la Sala Constitucional, en los cuales los magistrados habrían sobrepasado sus competencias al inmiscuirse en tareas de otros poderes de la República, fueron el caldo de cultivo para que varios partidos políticos unieran esfuerzos para establecer nuevos límites a este tribunal.
A pesar de que pocas veces se logra fácilmente amarrar consensos en el Congreso, durante las últimas semanas legisladores de Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana, Accesibilidad sin Exclusión y Frente Amplio han venido trabajando en una reforma a la Ley de Jurisdicción Constitucional, que empezará a ser discutida hoy.
La reforma establecería como principales puntos la delimitación de las labores de la Sala IV, así como la obligatoriedad de los ciudadanos de agotar todas las instancias ordinarias y administrativas, antes de que puedan presentar su reclamo ante la Sala Constitucional.
Asimismo, para agilizar el trabajo de los magistrados, se dividiría al alto tribunal en dos subsalas para que una se dedique al conocimiento de los recursos de amparo y la otra a las acciones de inconstitucionalidad.
Por otra parte, se eliminaría la consulta facultativa que hacen los legisladores cuando aprueban un proyecto; además de la potestad que tienen los magistrados de dar a sus sentencias efectos retroactivos.
“La Sala IV, quizá por malas interpretaciones, quizá por errores en la ley, se convirtió en algo así como la pomada canaria, que sirve para arreglar todo. A mí me da la impresión de que incluso a algunos magistrados les gusta jugar ese rol. Nosotros creemos que ese no fue el sentido por el cual se creó la Sala, por eso les estamos quitando con este proyecto de ley las facultades de colegislar y de coadministrar como han venido haciendo”, expresó Luis Fishman, diputado del PUSC.
Se consultó la opinión de Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala IV, pero al cierre de esta nota no devolvió los mensajes dejados con su secretario.
En una entrevista con este medio a mediados de julio, Calzada reconoció la necesidad de hacer reformas a la normativa que cubre a la Sala, eso sí, sin restarle poder al máximo tribunal.
“No sé por qué la Asamblea reaccionó de esa manera, cuando le ordenamos modificar una normativa con un plazo fijo, ya que no fue la primera vez que se hizo. Nosotros no nos metemos en la cancha de nadie como dicen los diputados”, expresó en aquella ocasión Calzada.
La molestia evidente de los diputados hacia la Sala IV pareciera fundamentarse principalmente en el fallo que ordena a los diputados modificar la Constitución para definir claramente las causales de pérdida de credencial para los legisladores, así como la prohibición al Tribunal Supremo de Elecciones para que convocara a un referendo a fin de que los costarricenses aprobaran o no la unión de personas del mismo sexo y otras sentencias viejas como el aval a la reelección presidencial.
Asimismo, se cuestiona la limitación de los retenes policiales, la restitución de la junta directiva de Japdeva y que tan solo un 40% de los fallos se cumple.
Para los legisladores no es racional que los magistrados resuelvan desde reclamos comunales, como podría ser el arreglo de una vía cantonal, hasta temas más complejos como los relacionados con derechos humanos o garantías individuales.
“La Sala se ha metido en todo y eso no puede ser. Las acciones que estamos planteando definen de una u otra forma, la autocontención que debe tener la Sala. Muchas personas creen que los diputados estamos trabajando con el hígado y que queremos cerrar la Sala y eso no es así, el esfuerzo que estamos haciendo en la comisión no va en el orden de cercenar las facultadas de la Sala, sino más bien en limitarla y fortalecerla adecuadamente”, expresó Carlos Góngora, diputado libertario.
El accionar de los magistrados parece que tampoco cuenta con el aval de los costarricenses, quienes cuestionan su labor y el bien que generan sus decisiones al país.
Una tercera parte de la población concuerda con que es necesario ponerle un freno a la Sala IV, pues se está extralimitando en sus funciones, según los resultados que se desprenden de la última encuesta realizada por CID Gallup entre el 5 y 15 de setiembre pasado para LA REPUBLICA.
Asimismo, un 29% de los encuestados considera que los magistrados en vez de hacerle un bien a Costa Rica con sus decisiones, la afectan negativamente.
Tras ser consultados sobre si la Sala Constitucional se mete en asuntos que no le competen, un 63% de los entrevistados dijo que mucho o poco, mientras que solo un 21% manifestó que en nada.

Esteban Arrieta
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