Poder Judicial niega acumular superávit presupuestario, como señala el gobierno

A pocas semanas de que caliente el debate en torno al presupuesto de la República 2027, el Poder Judicial salió a aclarar que no cuenta con ningún tipo de superávit presupuestario.

El señalamiento lo hicieron la semana pasada la presidenta Laura Fernández y Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, al hacer varias críticas a la labor de ese poder de la República.

No obstante, la realidad es que, desde la entrada en vigencia de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en el año 2001, “el Poder Judicial no puede acumular superávit presupuestario”.

“Al cierre de cada ejercicio económico, los saldos disponibles caducan y regresan al Ministerio de Hacienda, por lo que la institución no puede conservar esos recursos ni invertirlos”, dijo el Poder Judicial.

Por otra parte, los magistrados aclararon que el Poder Judicial cuenta con un Fideicomiso de Infraestructura destinado a la construcción de edificaciones judiciales, por lo que los recursos que lo integran permanecen en la caja única del Estado y, por ello, “únicamente el Ministerio de Hacienda está facultado para invertirlos y percibir los rendimientos que estos generen”.

“Esos fondos financiarán proyectos prioritarios, entre ellos la construcción de los edificios de los Tribunales de Justicia de Quepos y Cañas, cantones donde actualmente el Poder Judicial carece de infraestructura propia y debe destinar importantes recursos al pago de alquileres”, indicaron.

El pasado miércoles 24 de junio, Chaves advirtió que “todo el Estado se amarrará la faja” para el próximo año.

Esto, ante la reducción en los ingresos y el crecimiento del gasto público.

“Se acabó la alcahuetería, la faja nos la vamos a amarrar todos los que trabajamos en el Estado costarricense, el Estado costarricense, no el gobierno, no el Ministerio de Transportes, no el Ministerio de Agricultura, sino todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo”, dijo Chaves.

En ese sentido, la Corte Plena rechazó la propuesta de rebajo de ¢26 mil millones que propuso el Poder Ejecutivo para el plan de gastos de 2027, debido al impacto que tendría en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además del acceso a la justicia, los programas para disminuir el rezago judicial y la atención de las víctimas.

“Con relación a la solicitud de rebajo de ¢26.549 millones al anteproyecto del presupuesto para el año 2027, la Corte, por mayoría, acordó rechazar el reajuste por el impacto que tendría (…) El Poder Judicial reitera que los recursos asignados a la administración de justicia son fundamentales para garantizar la atención de la ciudadanía, la protección de los derechos de las personas y la continuidad de las acciones que han permitido desarticular organizaciones criminales, llevar casos ante los tribunales y obtener condenas contra líderes de estructuras delictivas”, dijo el Poder Judicial.