Plan sindical para pensiones de la Corte se quedaría corto
“Ya tenemos la propuesta técnica de reforma de la UCR, la cual le zoca la faja al régimen de pensiones del Poder Judicial, porque no hay otra manera de darle sostenibilidad. El acuerdo fue apegarnos a esta propuesta técnica”, dijo Marcela Guerrero, diputada del PAC. Esteban Monge/La República
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La propuesta de los trabajadores del Poder Judicial para subsanar su propio régimen de pensiones, se quedaría corto, ya que el déficit del sistema jubilatorio, se reduciría de ¢5,3 billones a tan solo ¢4,1 billones.


A pesar de eso, los sindicatos y empleados de la Corte exigen que su plan se convierta en el texto base de discusión en la Asamblea Legislativa y acusan a los diputados de no cumplir su palabra a la hora revisar las pensiones del Poder Judicial. 


Entre los cambios que sí aceptarían los gremios se encuentran modificar la edad de retiro de los 55 a los 60 años para las mujeres y a 62 para los hombres, así como calcular la pensión de acuerdo con los últimos 120 salarios.


Por otra parte, están dispuestos a que se ponga un tope máximo de ¢4,7 millones al mes.
Sin embargo, tanto la Superintendencia de Pensiones (Supen) como los estudios actuariales de la UCR han determinado que la propuesta de los gremios es inviable, ya que sería “tan solo un parche”. 


Asimismo, hay preocupación en cuanto a que el crecimiento del déficit fiscal se acelere, ya que actualmente el Poder Judicial contribuye con un 14,36%, mientras que el Estado con un 1,24%.


“Los informes de la UCR y la Supen son claros y contundentes, la propuesta de los gremios es completamente inviable, ya que deja un elevado déficit en el sistema jubilatorio y la idea es reducirlo lo más posible, con el objetivo de minimizar la presión sobre las finanzas del Estado. No entiendo por qué dicen que los diputados hemos faltado a la palabra, pues nunca hemos firmado nada”, dijo Johnny Leiva, diputado por el PUSC y presidente de la comisión especial que estudia el tema en el Congreso.


Mientras tanto, Marcela Guerrero, legisladora del PAC, propone que “se respeten los derechos adquiridos”, no obstante, señala que no hay otra salida que hacer ajustes para que el sistema se pueda mantener.


Entre los cambios se incluirían aumentar el aporte obrero del 11% al 15%, subir la edad de retiro a los 65 años, calcular la jubilación de acuerdo con los últimos 240 salarios y establecer un tope, entre otras medidas.


“Ya tenemos la propuesta técnica de reforma de la UCR, la cual zoca la faja al régimen de pensiones del Poder Judicial, porque no hay otra manera de darle sostenibilidad. El acuerdo fue apegarnos a esta propuesta de la UCR aunque el estudio actuarial no resulte ser tan complaciente como algunos sectores esperaban”, afirmó Guerrero.


Aunque los cálculos de la Supen y la UCR parecen contundentes, los trabajadores del Poder Judicial sumaron ayer seis días en huelga, afectando todos los servicios, incluido el de Patología Forense que es el encargado de realizar autopsias, por lo que este lunes al mediodía se contabilizaban por lo menos 25 cuerpos en la morgue judicial en San Joaquín en Flores sin ser entregados.


De hecho, los trabajadores de esa dependencia judicial se incapacitaron en estos días por una supuesta presión de sus jefes, “tras las amenazas de ir detenidos si no realizaban las autopsias”, de acuerdo con el Frente Gremial del Poder Judicial.


En ese sentido, los sindicalistas insisten en que los diputados quieren cercenar derechos adquiridos, además de incumplir las promesas que emitieron al comenzar el debate de este tema.


“En la comisión que estudia el tema, se pasó por alto el acuerdo que avaló el Plenario Legislativo para que el proyecto de reforma al Fondo de Pensiones presentado por los gremios, fuera utilizado como base de discusión”, indica un comunicado de ese grupo de trabajadores.


Al mismo tiempo, los gremios critican los informes realizados por la Supen y la UCR.


“Cabe introducir un nuevo elemento polémico que tiene que ver con la incuestionabilidad de los estudios científico-técnicos elaborados en la UCR, ya vimos la polémica acerca de los cuestionamientos de la OIT sobre el IVM. ¿Podría estar pasando lo mismo con el estudio de pensiones de la UCR sobre el sistema del Poder Judicial?”, dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP.

 

 
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