PLN niega haber dado cheque en blanco a sindicatos de Poder Judicial

La decisión del PLN de desechar un proyecto de la Superintendencia de Pensiones (Supen) para subsanar el déficit de ¢5 billones en el fondo de pensiones del Poder Judicial y en su lugar, acoger para estudio un proyecto de los sindicatos, no significa un cheque en blanco para los gremios de la Corte.

En junio la Universidad de Costa Rica (UCR) presentará a los legisladores un estudio actuarial sobre el régimen jubilatorio y a partir de ahí, los verdiblancos tomarán las decisiones necesarias.

Bajo esa premisa, el Partido Liberación Nacional no descarta aumentar la edad de retiro, establecer una contribución solidaria y hasta fijar un tope máximo para las pensiones.

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Si se llega a demostrar que no hay forma de mantener el régimen especial, se valoraría incluso trasladar los trabajadores que hoy cotizan al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.

“Queremos un acuerdo en el que estén incluidos los trabajadores de la Corte, pero también estamos conscientes de que estamos en el Congreso para tomar decisiones. Nunca hemos dado un cheque en blanco a los gremios como se ha dicho”, dijo Ronny Monge, legislador por el PLN e integrante de la comisión especial.

En días pasados, los legisladores de Liberación fueron criticados fuertemente por sus contrapartes del PAC, el Movimiento Libertario y el PUSC, ya que estos querían aprobar una moción para desechar el proyecto de los gremios y en su lugar poner sobre la mesa de discusión el plan de la Supen.

La iniciativa de la Superintendencia aumentaría la edad de retiro hasta los 65 años para los empleados de la Corte y fijaría un tope de ¢3,9 millones al mes por jubilación.

Asimismo, exigiría una contribución solidaria del 30% a las actuales pensiones.

Con todas estas medidas, el déficit en el sistema de pensiones pasaría de ¢5,3 billones a ¢1,3 billones.

No obstante, el PLN prefirió el acuerdo con los jefes de fracción, los gremios y Antonio Álvarez, presidente del Congreso, de mantener únicamente bajo estudio el plan de los sindicatos, hasta que se conozca el informe actuarial de la UCR.

Esa tesis es rebatida por el PAC, el PUSC y el Movimiento Libertario, que señalan una supuesta ilegalidad, cuando se desechó la moción que significó el fracaso de la iniciativa de la Supen.

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Un informe del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso señala que al tratarse de un proyecto nuevo en debate, debe publicarse en La Gaceta y solicitar el parecer a los sectores involucrados, sin importar que para su trámite se aprobó una vía rápida y se fijó una fecha de votación prevista para julio.

“Hemos venido trabajando de forma transparente a lo interno de la comisión. Lo que sucedió es absolutamente inválido, fue una sesión a escondidas, lo cual violenta el derecho de los demás a manifestar su posición. Estamos ante un golpe a la democracia. El Primer Poder debe legislar responsablemente y no cediendo ante presiones de ningún gremio”, dijo Natalia Díaz, diputada del Movimiento Libertario.