Pedro Muñoz

Pedro Muñoz

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Jueves 19 Abril, 2018

Pensiones y plan fiscal

Las pensiones complementarias y voluntarias merecen una especial protección del Estado costarricense, no se puede vilipendiar el esfuerzo realizado a través de la Ley de Protección del Trabajador. Recordemos que esta ley fue el fruto de, quizás, la única concertación nacional inspirada y enmarcada en las tradiciones que mejor representan los intereses de la comunidad nacional. Es por ello concebida como un pilar de la nueva reforma social que atenúa el problema financiero del sistema nacional de pensiones mediante una mejor utilización de los recursos ya existentes y las políticas costarricenses de solidaridad, democracia y progreso.

Este es un sector que requiere estímulo y por su vulnerabilidad no debe estar sujeto a la imposición de nuevas cargas impositivas. Nos parece que eso es claro en todas nuestras esferas intelectuales y de dirección.



Algún grupo pretende tramitar de forma vertiginosa, un ruinoso plan fiscal que contiene cuatro grandes ejes: la transformación de un Impuesto de Ventas por un Impuesto al Valor Agregado, reforma al impuesto de rentas y ganancias de capital, reforma las remuneraciones adicionales en sector público y la regla fiscal. La complejidad del proyecto, así como su impacto social y los efectos colaterales no se han medido aún en su correcta dimensión. La multiplicidad de factores que lo componen provoca que el mismo tenga un efecto dominó sobre sectores que deben tratarse con manos de seda.

El proyecto de ley de marras presentado por el Poder Ejecutivo el 7 de noviembre de 2017 acelera su paso por la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento especial de vía rápida aplicando el numeral 208 bis del Reglamento, pareciendo una carrera contra el tiempo y con la expectativa de que los diputados salientes lo voten en primer debate antes del 30 abril de 2018. Esto es, a todas luces, el fruto de una presión mediática que dejaría a la nueva Asamblea Legislativa sin el sagrado derecho de conocimiento y enmienda. La responsabilidad de legislar nos obliga a escuchar las fuerzas vivas para después, de forma reposada, coherente tomar las mejores decisiones para el bien común. “La ley: la promulga el legislador, descansa en su propia razón, tiene como objetivo el bien de la sociedad”, Santo Tomás de Aquino”.

En este marco de ideas y a manera de ejemplo, al hurgar en el proyecto encontramos la modificación que se pretende hacer al impuesto de renta y ganancias de capital, específicamente en el artículo 27 C. inciso 2., acápite iii) se gravan con un impuesto del 15% las pensiones complementarias y voluntarias. Las implicaciones pragmáticas serían castigar la pensión con una pesada carga del 15% sobre el ingreso y además tributar un 4% de IVA por las comisiones de administración de las operadoras de pensión.

La necesidad de cubrir el déficit fiscal no debe degenerar en una cruzada de voracidad fiscal contra el ahorro público y especialmente no en materia de pensiones desincentivando la utilización de los medios que permiten una vejez digna.

Por ello es vital no apresurar la iniciativa fiscal para permitir las modificaciones que el bien común exige. La búsqueda de las mejores opciones para superar la crisis fiscal será uno de nuestros ejes temáticos por lo que continuaremos en vigilia en ejercicio del control político y el perfeccionamiento en la formación de las leyes.

Como legisladores somos representantes de un pueblo que nos urge, y nos exige los cambios que esta sociedad espera y merece. Es pertinente exigir que no se limite el tiempo con cronómetro en mano para discutir el destino de una nación.

¡PORQUE COSTA RICA PUEDE MÁS!