Pedro Muñoz: “Sé que podemos llegar a acuerdos en un mes”

Tras celebrar que los empresarios y las organizaciones sociales “ levantaron la voz frente al desgobierno”, el diputado Pedro Muñoz de la Unidad, considera que un mes es tiempo suficiente para llegar a acuerdos sustantivos por el bien del país.

Y es que ayer, los empresarios representados por la UCCAEP y varios sindicatos pidieron al presidente Carlos Alvarado hacer un alto en el camino con los proyectos relacionados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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A través de una carta, el sector productivo, la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y varias cooperativas y colegios profesionales pidieron detener el debate legislativo de varias iniciativas, para evitar después ilegalidades o contradicciones con la ley de empleo público y la renta dual, entre otras iniciativas.

“Suscribo mi compromiso con los firmantes, he conversado personalmente con la mayoría de ellos y sigo convencido en que podemos ponernos de acuerdo para llevar a cabo los cambios y las reformas que permitan que Costa Rica sea viable como nación”, dijo Muñoz.

El legislador se opone a más impuestos, quiere reducir las cargas sociales y el costo de los servicios públicos “que limitan nuestra competitividad y nuestra capacidad de emprender”.

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Para Muñoz, el Estado no ha asumido con responsabilidad el tema del empleo estatal.

Los sindicatos y empresarios criticaron los proyectos de reforma al empleo público, renta global, cobro de renta a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, así como el impuesto a las casas de lujo; es decir, toda la agenda de reforma estructural que propuso Carlos Alvarado al FMI para lograr un crédito ampliado por $1.750 millones, con el objetivo de mitigar el impacto del déficit y el peso de la deuda.

Para llegar a un acuerdo con el FMI, el gobierno tiene tiempo hasta mediados de año, de lo contrario, el organismo multilateral entendería que el país no está anuente a comprometerse en la ruta de la consolidación fiscal.

Ante este panorama, Costa Rica perdería la confianza de los inversionistas, a la vez que se dispararía el déficit y el tipo de cambio. Otro efecto sería una economía desacelerada y más desempleo.