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En 23 años se presentaron 11 iniciativas y dos planes tributarios, pero sigue sin aprobarse una reforma integral
Paquete fiscal ya va por su “plan B”
La propuesta de Pacheco fue la que ha tenido más apoyo en la historia tributaria del país

Diseñar cambios o proponer agregados a la legislación tributaria es una tarea que entretiene y desgasta a todos los partidos políticos que han llegado al poder en los pasados 23 años.
Las últimas cinco administraciones han presentado 11 iniciativas tributarias algunas de las cuales han sido objeto de cambios y dos proyectos de reforma más complejos.
Sin embargo, a la fecha no se cuenta con una ley integral, completa y consensuada (si es que puede existir algo así en el tema de impuestos), que además logre el cometido de generar un flujo de ingresos que permita a la administración pagar sus cuentas y realizar inversión.
Por ello, la idea de la presidenta Laura Chinchilla de terminar su gestión con una reforma fiscal aprobada es difícil, por no decir casi imposible.
Solo a manera de ejemplo, en esta administración, Fernando Herrero, ministro de Hacienda, presentó en enero una Ley de Solidaridad Tributaria, proyecto del que LA REPUBLICA anunció que nació muerto, dada la total oposición de los sectores productivos y gremiales.
Este hecho que se confirmó ayer, ya que tras meses de lobby se decidió el envío de un texto sustitutivo, es decir “un plan B”.
Este plan B que se enviará a la Asamblea antes del 1 de mayo da marcha atrás con el impuesto de renta a cooperativas, el Banco Popular y mutuales. Propone examinar mejor la canasta básica exonerada y adiciona exclusiones en el impuesto de ganancias de capital.
Pero el fracaso del primer intento de la administración Chinchilla no es un hecho aislado. Las reformas grandes a los sistemas de impuestos no son fáciles de aprobar en Costa Rica.
“La experiencia ha demostrado que las reformas tributarias que han logrado superar sin largos y complejos procesos de estudio y aprobación, son aquellas que no representan cambios profundos en su estructura o sus las tarifas”, explican expertos de la firma Deloitte en un estudio realizado recientemente.
Es obvio que pagar impuestos no es tema popular, pero surge la duda de por qué no se puede alcanzar el éxito de negociación que alguna vez se tuvo con el Pacto Fiscal, una reforma integral propuesta en la administración Pacheco.
Después de cuatro años de trámite legislativo, ese Pacto se declaró inconstitucional por asuntos de forma sin entrar a analizar su fondo.
“En los últimos 20 años el país ha tenido una diversidad de reformas tributarias. Se han presentado otras iniciativas al Congreso, siendo el Pacto Fiscal quizá la más importante”, reconoce Carlos Camacho, presidente de Grupo Camacho.
Expertos tributarios, algunos políticos, empresarios y hasta los agremiados sindicalistas, reconocen que la actual reforma carece de algo que sí tuvo la de Pacheco: negociación de los sectores afectados.
El proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria tiene características de mayor simplicidad que los otros que sobre la misma materia se discutieron en la Asamblea Legislativa durante las últimas administraciones; aun así, miles de mociones y la falta de apoyo dentro de la misma bancada oscurecen aún más el ya gris panorama que enfrenta el texto.
Mientras tanto, los diputados, el fisco y el gobierno se desgastan tratando de llevar a un buen puerto un barco que ni siquiera ha querido zarpar.
Al final la administración sigue con la esperanza de que se puedan aprobar los proyectos que ha presentado a la Asamblea Legislativa, “los que nos permitirán mantener y ampliar los logros que el país ha cultivado a lo largo de su historia”, señala Herrero.

Carolina Acuña
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